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El juzgado de cláusulas suelo supera las 300 demandas en sólo 13 días

  • La tendencia confirma la avalancha prevista de litigios, que podría alcanzar incluso los 700 casos en el primer mes

  • El nuevo juzgado aún no dispone de la plantilla necesaria

Jueces, abogados y procuradores, durante una protesta por el plan del CGPJ contra las cláusulas suelo.

Jueces, abogados y procuradores, durante una protesta por el plan del CGPJ contra las cláusulas suelo. / antonio pizarro

Cuando sólo han pasado dos semanas de la puesta en marcha del juzgado fantasma -aún no está en funcionamiento- para asumir las demandas de las cláusulas suelo, son ya más de 300 los litigios que han ingresado, lo que corrobora las previsiones que apuntaron en su día las asociaciones profesionales de jueces respecto a que la avalancha de pleitos amenaza con colapsar el nuevo juzgado.

Entre los días 1 y 13 de junio, el decanato de los juzgados de Sevilla ha repartido un total de 330 demandas de reclamación de las cláusulas suelo al juzgado bis creado en el juzgado de Primera Instancia número 10, al que se ha asignado la competencia para conocer de estas demandas, de acuerdo con el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según explicaron a este periódico fuentes judiciales, se trata de una cifra muy elevada y acorde con las peores previsiones, porque si en sólo 13 días se han repartido 330 reclamaciones de cláusulas suelo, esto significa que a final de mes la cifra podría rondar las 700, con lo que en el mes de julio se superarían ya las 1.000 demandas, lo que permitiría incorporar un segundo juez de refuerzo, de acuerdo con el plan diseñado por el máximo órgano de gobierno de los jueces.

De momento, las demandas que están llegando se están registrando y repartiendo al juzgado bis, pero por ahora no se están tramitando porque aunque hay designado ya un letrado de la Administración de Justicia -que anteriormente se denominaban secretarios judiciales- y la juez se ha incorporado, aún no se dispone de la plantilla de funcionarios necesarios para que este nuevo órgano judicial empiece a funcionar.

Entre enero y mayo ingresaron unas 1.000 demandas en los juzgados de Sevilla

Las mismas fuentes han confirmado que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta ha anunciado que en menos de una semana se incorporarán cuatro funcionarios interinos -lo previsto para este juzgado es que contara con una plantilla de siete funcionarios-. El juzgado también dispone de una sede física en la sede judicial del edificio Viapol, donde se le ha asignado un espacio que antes ocupaba el juzgado de Primera Instancia número 20.

Aunque hay espacio físico, la Junta todavía no ha facilitado el mobiliario ni los equipos informáticos para este nuevo juzgado, por lo que dos semanas después de la supuesta entrada en funcionamiento del nuevo juzgado para las cláusulas suelo la realidad es que sigue paralizado por la falta de dotación de medios personales y materiales.

El pasado año, los 22 juzgados de Primera Instancia recibieron cerca de 2.000 demandas de cláusulas suelo, muchas de las cuales todavía continúan en trámite, pero se está produciendo un efecto llamada y una auténtica avalancha a partir de la sentencia de diciembre pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que acordó la devolución de la totalidad de los importes cobrados de más y no sólo desde que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013.

Entre los meses de enero y mayo de este año se han recibido ya unas 1.000 demandas de cláusulas suelo en Sevilla -que fueron repartidas entre los juzgados de Primera Instancia- y desde el pasado 1 de junio han entrado esas 330 dirigidas al nuevo juzgado.

Ya hay juez y un secretario designados, y en una semana llegarán cuatro funcionarios

La Junta estima que el coste de poner en marcha en Andalucía los ocho juzgados con competencia exclusiva para las cláusulas suelo supera los 800.000 euros, una cantidad que además no estaba contemplada en los presupuestos.

Las cuatro asociaciones profesionales de jueces mostraron su "plena seguridad" de que el plan de urgencia del Consejo, en la forma en la que se ha implantado, está "abocado al fracaso", al pretender centralizar en un solo órgano judicial el conocimiento de todos los procedimientos judiciales, sin dotar simultáneamente al mismo de los medios personales y materiales necesarios, lo que se suma a la "ya precaria situación en la que se encuentran los órganos judiciales afectados". Por ello, concluyeron que están "convencidos" de que el plan provocará de facto el "colapso de los correspondientes juzgados, implicando un evidente retraso en la tramitación de este tipo de procedimientos".

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