La duda deportiva de la operación Puerto

  • Las sanciones dependerán de si el juez permite a las federaciones usar los datos logrados

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"Un dossier de 56 nombres sin sanciones no es útil", dijo a la agencia dpa el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, en noviembre. Hoy, pese a la reapertura de la Operación Puerto, el operativo contra el dopaje de la Guardia Civil española de principios de 2006, la duda deportiva continúa, se estudiará de nuevo si hubo un delito contra la salud pública, pero que haya sanciones contra los deportistas dependerá de si el juez permite a las federaciones usar los datos del dossier.

Rogge y el COI tienen prisa. Los Juegos Olímpicos están muy cerca y no desean que los ciclistas implicados estén en Pekín. "Esperemos poder usar esas informaciones del dossier para sancionar a los atletas culpables", deseó Rogge. "Lo que es un problema es que el juez Antonio Serrano diga que las informaciones del caso no son utilizables por las federaciones para sancionar. Hay una apelación contra eso", agregó. De nuevo Serrano decidirá ahora si traspasa esa información a las federaciones o no.

La reapertura del caso dictada por la Audiencia de Madrid supone la aceptación parcial de recursos presentados por siete acusaciones, entre ellas del Gobierno español, la Agencia Mundial Antidoping y la Unión Cilista Internacional.

Se revisará si el doctor Eufemiano Fuentes, cerebro de la red, y el hematólogo Luis Merino Batres atentaron contra la salud pública por el modo de tomar y conservar las bolsas de sangre que sacaban y reinyectaban a los deportistas tras ser enriquecida con glóbulos rojos.

Pero los ciclistas que se conocieron y los directores de equipo quedan eximidos de delitos y ni Fuentes ni Batres serán castigados por suministrar sustancias dopantes. El juez Serrano archivó el caso hace un año sin ver delito contra la salud pública y sin considerar que la EPO encontrada en las 200 bolsas de sangre incautadas revistiera un peligro para la salud. Tampoco ahora se pone en duda el riesgo de la EPO, sólo la conservación y manipulación de la sangre. Tampoco se estudiará un posible delito de los corredores por fraude.

Tampoco se estudiará una violación por doping, pues en el momento de los hechos el uso y suministro de sustancias para elevar el rendimiento deportivo no era delito, aunque ahora sí lo es. El juez Serrano decidió que las pruebas fueran usadas sólo para un proceso penal por un delito contra la salud pública u no para para sanciones deportivas. Serrano prohibió que las federaciones y a la UCI usaran los datos de los documentos para sancionar a los corredores, que, sin embargo, se han encontrado con sanciones inoficiales pero reales que los tienen recluidos en equipos de segunda fila y repudiados por el paranoico mundo del ciclismo. Desde el COI se han apresurado ya a celebrar la reapertura del caso. "Es una buena noticia", dijo el vicepresidente del COI Thomas Bach. "Espero que el proceso se ponga en marcha rápido y que los documentos pasen a las federaciones internacionales", agregó.

En cualquier caso, la reapertura de la operación ofrece la posibilidad de que las sanciones reales sustituyan a las sospechas y que se demuestre si sólo el ciclismo estuvo en manos de Fuentes.

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