Andalucía ha eliminado un total de 132 entes y empresas públicas desde el 1 de enero de 2012 y hasta julio de 2014, lo que supone un 120 por ciento de las 110 que había marcado como objetivo previsto.

En total, las comunidades autónomas han suprimido 715 entes y empresas públicas, lo que supone un 141 por ciento de ejecución del compromiso inicial de suprimir 508 entidades. En concreto, las autonomías han dado de baja 526 y tienen otras 189 con la actividad cesada o en fase de liquidación. Quedan 1.656 de las 2.371 que había al inicio del proceso.

Así lo recoge el último informe sobre reordenación del sector público del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estima que la extinción de entes y otras medidas de racionalización de los existentes representa un ahorro de 21.587 millones para las comunidades. También se apunta en el informe que entre todas las autonomías han reducido sus plantillas en 53.544 personas.

Por comunidades, Asturias y Castilla y León han llevado mucho más allá que el resto su compromiso con la reducción del sector público. La primera ha superado en un mil por ciento sus objetivos, al pasar de una entidad a diez; mientras que la segunda ha pasado de prever reducir dos, a 24. Todas ellas sin embargo han ido más allá de lo anunciado. Además de Andalucía, con su supresión de 132 entes, la Comunidad Valenciana anunció la supresión de 24 entes y ha cerrado 61 (254 por ciento de ejecución), mientras que Cataluña propuso eliminar 66 entes en enero de 2012 y en julio del año pasado había reducido su sector público ya en 90, el 136 por ciento sobre lo previsto. Aragón se había comprometido a eliminar 16 y lleva 21 (131 por ciento); Las Islas Baleares, de 93 a 104 (112 por ciento); Canarias, de 6 a 12 (200 por ciento); Cantabria ha pasado de crear un ente a eliminar 23 y Castilla-La Mancha, de 44 a 45 (el 102 por ciento; Extremadura, de 12 a 17 (142 por ciento); Galicia, de 38 a 52 (137 por ciento); Madrid, de 25 a 30 (120 por ciento); Murcia, de 47 a 53 (113 por ciento), Navarra ha pasado de 25 a 35 (140 por ciento), y La Rioja, de 0 a 6.

Ese objetivo de reducción de 508 entes en 2012 se ha ido ampliando conforme las comunidades han ido tomando medidas de racionalización del gasto. En el informe de julio de 2014, el objetivo está elevado a 834, lo que significa que las autonomías pasarán de reducir su sector público un 21,43 por ciento al 35,18. Quedarán 1.537 entidades en funcionamiento.

Por comunidades, Andalucía quiere llegar a la supresión de 137 entes y Cataluña, a 123; las Islas Baleares proponen eliminar en total 110 y la Comunidad Valenciana, 71; Aragón, 32; Asturias, 16; Canarias, 15; Cantabria, 26; Castilla y León, 28; Castilla-La Mancha, 49; Extremadura, 21, Galicia, 60; Madrid, 35; Murcia, 59; Navarra, 46; La Rioja, 6.

La reducción de entes con los que las autonomías han contado en los últimos años y la reestructuración de los que han decidido mantener ha supuesto ahorros de costes, entre otras cosas por la reducción de personal. En total, se calculan unos ahorros entre todas las comunidades de 21.586 millones y la supresión de 53.544 puestos.

Según el informe de Hacienda y Administraciones Públicas, de 2011 a 2015, Andalucía espera gastar 1.537 millones menos y una reducción de plantilla de 815 efectivos; mientras que Cataluña será la comunidad que más ahorre en cifras absolutas con estas medidas: 6.675 millones de euros y una reducción de plantilla de 12.842 efectivos. La Comunidad Valenciana estima unos ahorros de 3.276 millones (9.089 puestos menos); Madrid, de 2.900 (4.066 puestos menos); y Galicia, 1.549 millones menos (633 empleos menos).