Asaja lleva a los tribunales el reparto equitativo de las cámaras agrarias

  • Pide que se otorguen por provincias y según la representatividad · Agricultura replica que no puede ser "más que nadie"

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La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, entregó ayer de forma simbólica las llaves del patrimonio inmobiliario de las extintas cámaras agrarias a las organizaciones COAG y UPA. Asaja no estuvo presente en el acto, al no estar del acuerdo con el criterio de reparto de la comisión liquidadora, que ha sido el de dividir los inmuebles a partes iguales y repartirlos entre las asociaciones. Las cámaras agrarias son edificios significativos y muy bien situados en los centros de siete capitales andaluzas, excepto en Almería, donde no tenían el inmueble en propiedad.

Asaja-Andalucía interpuso ayer un recurso contencioso-administrativos y pidió medidas cautelares ante el reparto del patrimonio de las Cámaras Agrarias en Andalucía. Exige que éste se lleve a cabo "provincia por provincia y término a término" y no de forma equitativa, sino en función de la representatividad. El asesor jurídico de Asaja, Emilio Vieira, indicó que el propio Tribunal Constitucional apoya la tesis de la organización en su jurisprudencia y se refirió al dictamen del catedrático de Derecho Civil y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, Ángel López López, que afirma que "hay que liquidar Cámara a Cámara en cada provincia y adjudicarla al sujeto que concrete el interés mayoritario".

La consejera de Agricultura replicó que es "muy difícil llegar a acuerdos si alguien está convencido de que es más que nadie". Fuentes de la Consejería defendieron el sistema de reparto, ya que no hay ningún precedente de ninguna adjudicación que se haya hecho de una forma distinta. Los responsables de COAG-A, Miguel López, y de UPA, Agustín Rodríguez, criticaron a Asaja por arrogarse la representatividad del sector. López anunció una querella contra Asaja por dudar de la solvencia económica de COAG, y recordó que el anterior consejero, Isaías Pérez Saldaña, cedió a Asaja el uso de la sede hispalense, razón por la que ambas organizaciones mantienen un litigio en los tribunales.

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