El futuro de Astilleros de Huelva ya está planteado. Después de meses de debates, ultimátum y cruces de declaraciones, el nuevo apoderado de la empresa, José Luis Álvarez, expuso ayer los primeros pasos a dar para la salvación: cesión de la licencia de construcción de grandes buques, presentación de concurso de acreedores y búsqueda de financiación para culminar la construcción de los tres buques paralizados en Huelva.

Estos planteamientos retrotraen el proceso a octubre, cuando la primera hoja de ruta presentada por la Junta pasaba por esos pasos que ahora prevé dar el apoderado (y que inicialmente fueron rechazados por los trabajadores y la empresa, al menos en lo referente al cese de actividad). La solución a la crítica situación económica de la naval, con una deuda de 280 millones entre las factorías de Huelva y Sevilla, los seis barcos que tiene encargados (tres en cada atarazana) completamente paralizados y sin posibilidad de conseguir crédito, pasa por dejar la construcción de buques de más de 100 GT (más de 25 metros de eslora), consiguiendo a cambio la concesión de ayudas europeas al cierre de astilleros. Subvenciones que la UE permite para "sufragar los costes normales resultantes del cierre total o parcial de astilleros de construcción, reparación o transformación de buques". Entre ellos se incluyen costes como las indemnizaciones a trabajadores despedidos. En el caso de que "cesen totalmente sus actividades de construcción", se podrán abonar préstamos o garantías de préstamo para "para que la empresa pueda finalizar trabajos incompletos".

Precisamente, entre las prioridades que se ha marcado Álvarez está finalizar la construcción de los barcos 827, 845 y 846, parados desde hace meses. En el caso del primero, el Odoardo Amoretti, su fabricación está casi acabada, sólo pendiente de los últimos retoques (y del embargo que pesa sobre el barco). Cuando Astilleros entregue este buque cobrará 30 millones. También se espera desbloquear la ejecución de los otros dos barcos, que quedaron parados por problemas entre el armador y las entidades bancarias.

Para dar este impulso a los barcos, el apoderado buscará financiación "entre Sevilla y Madrid", aseveró. Y mientras, se verá obligado a presentar un concurso de acreedores al finalizar el día 27 el plazo previsto en el artículo 5.3 de la Ley Concursal "sin que la compañía haya alcanzado las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de la propuesta anticipada de convenio, por lo que la empresa se encuentra aún en estado de insolvencia". Es decir, que al no haber acuerdo con los acreedores, el apoderado optará por presentar un concurso voluntario en nombre de la empresa en lugar de esperar a que un acreedor lo presente. Entre ellos está la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), principal acreedora de la compañía naval y en la que participan no sólo las atarazanas, sino también administraciones como la Junta (que en los últimos años ha aportado 55 millones al fondo de ayuda). La fuerte deuda pendiente con esta sociedad, de hecho, es el principal argumento legal de la Administración autonómica contra la empresa.

El planteamiento del apoderado es bien visto por el comité de empresa. Su presidente, Isidro García, calificó de "muy positiva" la reunión mantenida por la mañana. En cuanto a la pérdida de la licencia de construcción naval, la respuesta llegaba desde la federación de Metal, Construcción y Afines de UGT: "Sólo se está realizando una adaptación a la capacidad del astillero", de manera que "lo importante es que se mantenga el empleo, ya sea para reparaciones o barcos de menor tamaño", aseguró su secretario general, Sebastián Donaire. Postura que contrasta con las concentraciones y escritos en los que los empleados reclamaban en diciembre que se retirase de la hoja de ruta cualquier alusión al cese de actividad.