El Banco de España propone una sanción de 180.000 euros para el último presidente de Cajasur Santiago Gómez Sierra, por su gestión como máximo responsables de la entidad intervenida el 21 de mayo de 2010 por el órgano supervisor. Según pudo saber ayer esta redacción, el hoy obispo auxiliar de Sevilla se enfrenta a la mayor de las multas de cuantas se han interpuesto contra los antiguos responsables de la entidad de ahorro cordobesa, hoy bajo la égida del grupo BBK Bank. Los cargos que pesan sobre él son los mismos que recaen sobre los miembros de la Iglesia que integraban la cúpula de la antigua caja y sobre aquellos que votaron en contra de la fusión con Unicaja -impositores y Aspromonte-, que se frustró antes del consejo del 21 de mayo. Pero las sanciones van más allá, afectan a todos aquellos que ocuparon cargo en el consejo o en la cúpula directiva de la caja desde junio de 2005. Los cargos responden a las deficiencias en los mecanismo de control de riesgos de la entidad, derivados sobre todo de la excesiva concentración en el sector inmobiliario; el incumplimiento del plan de actuaciones aprobado el 28 de julio y ratificado en diciembre de 2009 que estaba dedicado a la fusión con Unicaja; incumplimientos del coeficiente de solvencia y exceso de concrentración inversora en tres grupos empresariales.

Gómez Sierra, cabeza visible del grupo de la Iglesia y de los que votaron en contra de la fusión, representa al grupo que sale peor parado de esta propuesta de sanciones. En el expediente se les reclama 135.000 euros a los impositores en conjunto; 142.000 euros se piden a Fernando Cruz-Conde, entonces vicepresidente ejecutivo de la entidad, y 137.000 se proponen como multa para el canónigo Alfredo Montes. A Juan Moreno, ex presidente de la caja anterior a Gómez Sierra, se le demandan 50.000.