Los bonos verdes están de moda. Sus emisiones se han disparado desde que se celebró la Cumbre de París, la conferencia sobre el clima más importante de la historia. Con estos bonos se financian proyectos específicos -energías renovables, transporte sostenible, eficiencia energética, adaptación cambio climático o tratamiento de aguas- cuyo objetivo sea paralizar el calentamiento global. El volumen de bonos verdes ha pasado de los 2.600 millones de dólares en 2013 a los 81.000 en 2016, y se espera que 2017 se cierre con más de 150.000 millones de dólares. Y las cifras serán aún mayores si los gobiernos se animan a incentivarlos, como hacen ya China, Suecia o Francia. Sin embargo, en nuestro país este mercado aún está por desarrollar, y la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética podría hacer mucho por ello. Precisamente, ayer jueves, Mariano Rajoy, inauguró las jornadas "España, juntos por el clima", que establecerán las bases para la elaboración de su anteproyecto.

Los emisores son de todo tipo: organismos internacionales, como el Banco Mundial. Algunos Estados, como Polonia, el primero en hacerlo, o Francia, que ha emitido este año la de mayor volumen hasta la fecha, 7.500 millones de euros. Ciudades de todo el mundo. Entidades financieras. Y, cada vez más, empresas. En definitiva, todos aquellos que tienen un compromiso con la reducción de emisiones de CO₂ a la atmósfera. En España, Iberdrola -la pionera- cuenta con varias emisiones, y hace unos días, Repsol -la primera empresa de hidrocarburos que lo hace en el mundo- emitió bonos verdes por 500 millones de euros. También son emisores verdes la Comunidad de Madrid, Abengoa o el ICO.

Los compradores son fondos de pensiones, aseguradoras y bancos. El mercado minorista aún no participa, dado sus altos valores nominales. El desarrollo de fondos de inversión o fondos cotizados verdes -como el de la Caja de Ingenieros- o la emisión de bonos verdes soberanos con nominales de 1.000 euros serían algunas de las vías que podrían darle entrada al pequeño inversor. Financieramente no se diferencian de los bonos comunes, aunque con ellos el emisor tiene que certificar que los fondos se van a destinar para fines verdes.

Es por esto último que el desarrollo de este mercado está yendo unido a un progresivo incremento de la transparencia. El inversor necesita contar con la seguridad de que los proyectos son verdes e incluso conocer el grado de verdor que aportan. Es decir, eliminar el riesgo de greenwashing. Así, empresas especializadas certifican las emisiones conforme a dos marcos principales: los Principios de los Bonos Verdes de la Asociación Internacional de los Mercados de Capitales y los estándares de la Iniciativa de Bonos Climáticos. Pero China, por ejemplo, utiliza sus propias reglas. Es de esperar que se avance hacia una armonización completa porque sólo con estándares internacionales los bonos verdes podrán convertirse en una herramienta financiera eficaz que contribuya a que el nuevo acuerdo global para la lucha contra el cambio climático, sustituto del de Kioto y que fue firmado en Paris por 190 países, termine cumpliéndose.