La lucha decidida de las autoridades comunitarias por poner fin al blanqueo de capitales ha llevado a Bruselas a denunciar a España, Bélgica, Irlanda y Suecia ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar la nueva normativa. En concreto, se trata de la tercera directiva contra esa actividad ilícita, adoptada en 2005 y que incorpora las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la instancia promotora de normas contra el blanqueo y la financiación terrorista.

Según indica Bruselas, el plazo para incorporar esa legislación a los ordenamientos jurídicos nacionales finalizó el 15 de diciembre de 2007 sin que los países mencionados la hayan incorporado a su normativa nacional.

La ley endurece el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, actualmente aplicable al sector financiero, así como a abogados, notarios, contables, agentes de propiedad inmobiliaria y casinos. El ámbito de su aplicación se ha ampliado para abarcar también a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, así como a todos los proveedores de bienes cuando los pagos efectuados en metálico superen los 15.000 euros.

Además, la directiva impone la aplicación de instrumentos contra el blanqueo (identificación y comprobación de la identidad del cliente, conservación de datos o formación del personal) en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Otra característica es que incorpora requisitos y salvaguardas complementarios para situaciones de mayor riesgo, como las transacciones con bancos fuera de la UE.