Ayudas sí, pero tras un riguroso ejercicio de transparencia. La Comisión Europea pidió ayer a los Estados que obliguen a los bancos a declarar sus activos tóxicos en seis meses como máximo si quieren beneficiarse del respaldo público para deshacerse de estos activos a través de bancos malos, la obtención de garantías estatales o incluso la nacionalización.

La CE presentó las directrices que deberán seguir los países de la UE para intentar sanear la banca y facilitar la reactivación del crédito. "A menos que identifiquemos y aislemos los activos dañados, no podremos acabar con la incertidumbre", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes. "Sin un sistema financiero sólido, el crédito a la economía real seguirá disminuyendo y se dificultará la recuperación", señaló el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia.

El segundo objetivo es garantizar la "igualdad de trato entre socios", resaltó Almunia. Cada país decidirá si pone en marcha este plan y si lo hace obligatorio o voluntario para todas las entidades. Bruselas se encargará de examinarlos y aprobarlos para evitar distorsiones de competencia.

El ministro de Economía, Pedro Solbes avanzó que no recurrirá a esta medida y pidió a la CE que asegure que esta nueva ola de ayudas no dé ventajas a los bancos con problemas sobre entidades sanas como las españolas. Tanto Almunia como Kroes señalaron que la nacionalización "es una de las posibilidades" que se baraja a ambos lados del Atlántico. Kroes lanzó un llamamiento a los gobiernos para que resuelvan el problema de los activos tóxicos "ahora, no la semana que viene, el mes que viene o el año que viene".

La primera exigencia de Bruselas es la difusión de los activos dañados. Así se incentiva a las entidades a publicar de inmediato sus problemas y "se facilita una rápida resolución de los problemas bancarios antes de que la crisis económica agrave la situación", señalan las directrices. La CE reclama un enfoque coordinado al identificar los activos que pueden beneficiarse de estas medidas y al ponerles precio, que deberá basarse en el valor económico real y de mercado. Su fijación sería supervisada por expertos independientes, certificada por supervisores bancarios y validada por Bruselas.

Los Estados garantizarán un "reparto adecuado de los costes" entre los accionistas, los acreedores y los contribuyentes. Las entidades beneficiarias deberán pagar una remuneración justa al Estado, al menos equivalente a la que se paga por las recapitalizaciones. Y también pagarán por la cobertura de las pérdidas por depreciación de los activos. Finalmente, Bruselas reclama que se eviten los conflictos de intereses en la gestión de los activos dañados y que se adopten las medidas de reestructuración, e incluso de liquidación ordenada de bancos inviables, para evitar que haya bancos zombies que sobreviven gracias a las ayudas públicas y limitar las distorsiones de competencia.