La Comisión Europea ha lanzado por primera vez un procedimiento sancionador contra España por superar el límite del 3% de déficit público respecto al PIB previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El déficit de España se situó en el 3,4% del PIB en 2008 y se disparará hasta el 6,2% este año debido a la caída de ingresos fiscales, el aumento de las prestaciones por desempleo y las medidas de estímulo para combatir la crisis, según las previsiones de Bruselas. Además, desde la institución europea avisan de que ya no hay margen para nuevos impulsos fiscales sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas.

Junto con España, el Ejecutivo comunitario inició el procedimiento por déficit excesivo contra Irlanda, Grecia, Francia, Letonia y Malta. "Para España y para Francia, 2009 es un año para el estímulo, y los dos países han adoptado estímulos, pero 2010 debería ser el año en el que empiece la consolidación", dijo el comisario de Asuntos Económicos en rueda de prensa.

En el caso de Irlanda y Grecia, la Comisión pide que se aceleren los esfuerzos de consolidación presupuestaria. A Letonia no se le dirigieron nuevas recomendaciones puesto que ya ha asumido una serie de compromisos para recibir ayuda financiera del FMI y de la UE. En el caso de Malta, no se pasará a la etapa siguiente sino que el expediente se archivará porque la desviación respecto al 3% en 2008 fue escasa y no se repetirá este año.

Aunque el año pasado se mantuvo "cerca" del umbral del 3%, el informe del Ejecutivo comunitario concluye que el déficit de España no es "temporal", puesto que seguirá sobrepasando el valor de referencia en los próximos años, ni tampoco puede calificarse de "excepcional", ya que la economía española registró todavía un crecimiento positivo en 2008. "La Comisión ha decidido por tanto iniciar el procedimiento de déficit excesivo contra España con la adopción de este informe", señala el Ejecutivo comunitario.

La apertura del expediente se decidió en el marco de la evaluación del programa de estabilidad actualizado de España. La Comisión elaboró un informe, que es el primer paso del procedimiento, en el que se constata la existencia del déficit excesivo y las razones que han conducido a esta situación.

En el caso de España, la vulneración del límite del 3% del PIB en 2008 y 2009 "refleja en gran parte la fuerza de la desaceleración y las importantes medidas fiscales discrecionales adoptadas en respuesta". "La existencia de una grave desaceleración económica, la aplicación de un plan de recuperación y el paquete de apoyo al sector financiero, con sus implicaciones para las finanzas públicas, aumentan la necesidad de llevar a cabo una vigilancia reforzada en el marco del procedimiento por déficit excesivo", señala el Ejecutivo comunitario.

En la siguiente fase del procedimiento por déficit excesivo, probablemente en marzo o abril, el Ejecutivo comunitario fijará un plazo para la corrección del déficit y realizará una serie de recomendaciones, que serán aprobadas por los ministros de Economía de los Veintisiete en la reunión informal de Praga del 3 y 4 de abril.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ya anunció la semana pasada que la Comisión dará a España hasta 2011 para situar de nuevo el déficit por debajo del 3% y no garantizó que se pueda cumplir con esta exigencia, ya que el programa de estabilidad de España prevé para 2011 un déficit del 3,9%. Solbes volvió a repetir este miércoles que España podrá acogerse a "condiciones especiales" ante Bruselas para que se le dé más tiempo para corregir el déficit, ya que si no hubiera crisis económica el Gobierno estaría obligado a volver por debajo del 3% este mismo año. 

Si un Estado miembro no sigue las recomendaciones de la UE y no rebaja su déficit en los plazos acordados, el procedimiento puede concluir con la imposición de multas. No obstante, el Ejecutivo comunitario ya ha anunciado que aplicará el Pacto con la máxima flexibilidad posible.

Precisamente, el comisario de Asuntos Económicos insistió en que la apertura de un procedimiento por déficit excesivo en el actual contexto de crisis económica no debe entenderse como un procedimiento sancionador. "Nadie está pensando en sanciones", zanjó Almunia. De lo que se trata es de "preservar la credibilidad" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. "No podemos perder la credibilidad de nuestro marco fiscal. Sería un desastre para las economías europeas, y en particular para aquellas que están recibiendo presiones de los mercados", señaló.

Almunia señaló que el Pacto no debe verse como un "obstáculo" sino como "un instrumento que ayudará a los Gobiernos a luchar contra la recesión a corto plazo, preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, avanzar hacia una estrategia de salida cuando termine la recesión, y no enviar una enorme carga a las próximas generaciones". 

En su análisis del programa de estabilidad de España, Bruselas reitera que los problemas que atraviesa la economía española se deben a la contracción del sector de la construcción y la caída del precio de la vivienda y al déficit por cuenta corriente, que se han visto agravados por la crisis financiera. Desde principios de 2008, el Gobierno ha adoptado varios paquetes de medidas para estimular la actividad económica, que representan en total un 2,2% del PIB en 2009.

"Además de estas medidas discrecionales, las financias públicas se encuentran gravemente afectadas por la desaceleración económica, lo que limita el margen para nuevos estímulos fiscales sin poner en riesgo una posición presupuestaria sólida a largo plazo", avisa el Ejecutivo comunitario. Bruselas repite además que las previsiones de crecimiento en las que se basa el programa de estabilidad español (una contracción del 1,6% del PIB en 2009 y un crecimiento del 1,2% en 2010) son excesivamente optimistas, ya que la CE prevé una contracción del 2% y del 0,2%, respectivamente.

El informe critica además que el programa no detalla las medidas que se adoptarán para reducir el déficit en 2010 y en 2011, más allá de la finalización del fondo de ayuda a los ayuntamientos aprobado en 2008.

La Comisión subraya que el deterioro de la posición presupuestaria española agravará el impacto presupuestario a largo plazo del envejecimiento de la población, debido sobre todo al fuerte aumento del gasto en pensiones. Por ello, el Ejecutivo comunitario insiste en la necesidad de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y pide medidas para reducir el aumento de gasto relacionado con el envejecimiento de la población.

Como conclusión, Bruselas constata que el programa español tiene como objetivo un fuerte impulso fiscal en 2009, lo que se ajusta al plan europeo de recuperación. No obstante, teniendo en cuenta el fuerte deterioro de la situación presupuestaria, reclama que la restauración de la sostenibilidad fiscal tan pronto como la economía se recupere sea una "prioridad absoluta".

Por ello, el Ejecutivo comunitario pide que se evite cualquier deterioro adicional de las finanzas públicas en 2009 y que se lleve a cabo "con determinación" el ajuste estructural a partir de 2010, respaldado con medidas concretas.