La Comisión Europea propuso un paquete legislativo para ampliar la vigilancia sobre las políticas fiscales y macroeconómicas y las reformas estructurales de los Estados miembros, que amplía el abanico de sanciones para los países derrochadores pero también para los poco competitivos.

Concretamente, Bruselas desea imponer multas de hasta el 0,2% del PIB nacional al Estado que supere los límites de déficit y deuda establecidos (en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente), y del 0,1% del PIB para el que ignore las recomendaciones destinadas a corregir sus desequilibrios macroeconómicos.

En el capítulo de la deuda, que hasta ahora no era tenido suficientemente en cuenta en el procedimiento sancionador, la Comisión Europea prestará especial atención a la evolución de la misma y a los esfuerzos del estado miembro afectado para reducirla, a la hora de aplicar una sanción. Así, considerará que la proporción de deuda "está siendo reducida suficientemente si su distancia con respecto al tope establecido en el 60% se reduce en los últimos tres años en una proporción de un veinteavo al año".

El rango de castigos, que en principio sólo afectarán a los países de la zona del euro, también incluirá una vertiente preventiva para los Estados que, sin haber superado los límites, presenten políticas consideradas poco adecuadas por Bruselas, mediante la imposición de un depósito del 0,2% del PIB que generará intereses y que será devuelto si el país corrige su situación.

La Comisión quiere prevenir la relajación fiscal también en épocas de bonanza, por lo que propone que el aumento del gasto público anual no sea desproporcionado respecto al crecimiento anual del PIB, a no ser que el Gobierno compense la subida con mayores impuestos. La Comisión Europea no ha presentado de momento propuestas de retención de los fondos europeos, como había barajado antes del verano, pero ha dejado la puerta abierta.

Con objeto de "limitar la discrecionalidad en la aplicación de las sanciones" y garantizar su ejecución, la Comisión desea revertir el proceso para vetar una recomendación suya previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para los procedimientos por déficit excesivo. Así, Bruselas propone que sus propuestas de sanción sean automáticamente adoptadas a no ser que una mayoría cualificada de países vote en contra de las mismas en el Consejo de Ministros en un plazo de diez días. Sin embargo, la propuesta de la Comisión también abre la puerta a una posible reducción de la multa, ante una petición razonada del estado miembro afectado, aunque ésta deberá ser aceptada por la Comisión Europea y después respaldada por el Consejo.

La Comisión propone completar la vigilancia presupuestaria mediante la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos entre los Estados miembros, que han ido agrandándose desde el nacimiento de la unión monetaria y se han acentuado con la reciente crisis. Para ello ha propuesto poner en marcha un marcador con indicadores para identificar desequilibrios en la balanza comercial, pérdidas de competitividad, burbujas inmobiliarias o una deuda privada excesiva.

Según lo propuesto, la Comisión Europea enviará alertas cuando detecte problemas importantes y podrá iniciar un nuevo tipo de "procedimiento por desequilibrios excesivos" contra un país, que podría acarrearle multas de hasta el 0,1% del PIB, si ignora las recomendaciones de Bruselas de manera reiterada. Toda la vigilancia macroeconómica y presupuestaria quedará integrada en el llamado semestre europeo, por el que la Comisión Europea examinará las cuentas nacionales antes de que sean aprobadas en cada país, que ya ha sido aprobado y que está previsto que entre en vigor la primavera de 2011.

Los seis textos legislativos supondrán, de recibir la aprobación de los Veintisiete, el mayor impulso al gobierno económico de la Unión Económica y Monetaria, con objeto de evitar nuevas crisis de deuda como la vivida en la zona euro la pasada primavera, según aseguró la Comisión Europea en una nota de prensa.