La empresa de postres Dhul, propiedad de Nueva Rumasa, perdió más de 16 millones de euros en 2010, año en el que publicitó y captó socios para su ampliación de capital, según los datos aportados por la compañía en su solicitud de concurso de acreedores y que ha facilitado Iure Abogados.

Dhul recoge en su lista de acreedores una deuda con la banca de 77 millones de euros, a la que hay que sumar 55 millones adeudados a proveedores y 7 millones a acreedores por pagarés, según las mismas fuentes.

Además, se incluyen deudas por operaciones de leasing por importe de 2,8 millones, así como deudas con organismos oficiales, de 9,8 millones, y con personal, de 1,6 millones. El activo contabilizado por la compañía corresponde al valor contable de los 8 inmuebles de las delegaciones que la compañía tiene en Valencia, Málaga, Alicante, Madrid, Sevilla, Jaén y de la central de Granada.

Del análisis de la documentación aportada al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, Iure Abogados deduce que la "agresiva política de Dhul" de captación de fondos a través de la publicidad para un supuesto crecimiento empresarial escondía realmente "una financiación extraordinaria para cubrir la falta de liquidez encubierta de la compañía".

Para el despacho de abogados, la reducción de la financiación bancaria alegada como causa de la insolvencia no debería ser considerada como tal, ya que "fue sustituida por una captación masiva de fondos".

La documentación refleja también que el embargo generalizado de créditos de clientes no puede ser considerado tampoco una causa de la insolvencia sino una consecuencia de ello, pues el impago de las deudas ocasionan el posterior embargo.

Para el despacho de abogados, tampoco se puede argumentar como causa de la insolvencia de Dhul el vencimiento anticipado de préstamos bancarios o la falta de financiación, ya que esta situación se produce como consecuencia del impago de Dhul de sus instrumentos de financiación.

Además, Dhul acumula un pasivo de 150,8 millones de euros frente a un activo de 54,06 millones de euros, por lo que afronta un agujero patrimonial de 96,8 millones de euros, según esta misma documentación.

Junto a estos datos, la compañía alimentaria anunció la presentación de un convenio de acreedores que contempla el pago a los acreedores en un periodo de 5 años, según informa el despacho de abogados.

Por otro lado, los acreedores aún tienen hasta el próximo 30 de abril para comunicar sus créditos al juzgado para la elaboración del informe patrimonial definitivo por parte de la administración concursal, por lo que las cifras presentadas por la compañía podrían variar.