La Generalitat despedirá antes del verano a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas y organismos diversos en los que tiene más del 50%, como parte del plan de ajuste que está llevando a cabo la Administración catalana, han confirmado fuentes del sector público catalán.

Según han reconocido portavoces de la Consejería de Gobernación, responsable de la función pública, se trata de un ajuste que se aprobó en febrero de este año y por el que estas empresas públicas y entidades deben o reducir un 6% de su masa salarial o un 5% de su plantilla antes del 30 de junio. Hasta entonces no se sabrá la cifra exacta de los afectados.

El personal de las empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y organismos de diversa condición sumaba un total de 49.670 personas en 2010, según consta en los Presupuestos de la Generalitat del año pasado, con lo que un 5% de esa cifra serían más de 2.400 trabajadores, el triple del ERE que llevó a cabo Nissan en 2009, el mayor de Cataluña en los últimos años.

Fuentes de Gobernación aseguran que, en todo caso, no se llegará a esta cifra de 2.400 despedidos porque se intentará reducir gastos a través de no cubrir bajas, suplencias y reducciones horarias para intentar que el ajuste resulte lo menos traumático posible y acercarse así a la reducción del 6 % de masa salarial.

Sin embargo, para Xavier Casas, responsable de la función pública de UGT en la Generalitat, "lo que está ocurriendo es un ERE encubierto porque afecta a personal fijo, sin ningún criterio económico, incluso despidos de personas que tenían 20 años de antigüedad". Según los sindicatos, los despidos ya han empezado: en el Incasol se ha despedido a 22 trabajadores; en la promotora de vivienda pública Adigsa se han llevado a cabo 20 despidos; en el Instituto Cartográfico, otros 20; en el Parque Científico de Barcelona, 12. En total, 74 despedidos a los que tan sólo se ha abonado 20 días por año trabajado, según denuncian las fuentes sindicales consultadas, que además critican las bajas indemnizaciones con las que la administración catalana está aplicando este ajuste.

La coordinadora del Área Pública de CCOO de Cataluña, Josefina Pujol, denuncia que "hemos intentado en varias ocasiones abrir conversaciones con la Generalitat para negociar un acuerdo global que permita recolocar a buena parte de los afectados y reducir el impacto social de esta medida, pero se han negado a recibirnos". En Ferrocarriles de la Generalitat, por ejemplo, UGT ya ha denunciado que afectará a un total de 72 trabajadores, con lo que prevé un goteo de despidos los próximos meses hasta superar ampliamente los 1.000 afectados, una cifra casi igual a los 912 empleos netos que se destruyeron en Cataluña en todo el año 2010, según la Encuesta de Población Activa.

Gobernación alega que el ajuste no afecta a funcionarios con oposición ganada y que los perjudicados son en su mayoría interinos, personal contratado y eventuales para reforzar determinados horarios, turnos o servicios. También señalan que el ajuste afecta a las 253 entidades y empresas públicas de la Generalitat; de éstas, el tripartito ya señaló que 103 podían desaparecer o integrarse en otras en un proceso de racionalización de la administración.

Los sindicalistas consultados han señalado que convocarán movilizaciones en defensa de un servicio público de calidad, como la que habrá el 14 de mayo en protesta por los recortes sociales en la Generalitat y esperan que, tal y como ha ocurrido en el sector sanitario, la Generalitat acabe reculando. "No tiene sentido que en Cataluña, con un cuota de paro de casi el 18%, la Generalitat sea parte del problema y no de la solución", ha lamentado Josefina Pujol.