El Gobierno aprobará un plan para que la Administración pague a los proveedores

  • El Ejecutivo ha anunciado igualmente que estudia salvar del desahucio a las familias con bajos ingresos.

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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado en el Senado que el próximo Consejo de Ministros aprobará un instrumento financiero para que los proveedores puedan cobrar sus deudas con las administraciones públicas, en especial con CCAA y ayuntamientos.

Según explicó Montoro en los pasillos de la Cámara alta  tras la sesión de control, se tratará de un "procedimiento ágil" con el que los proveedores podrán ir a las entidades bancarias a "redescontar" su deuda y "que va más allá" de la financiación del ICO.

Se trata de que "todas las facturas que estén pendientes puedan ir a un recurso financiero", con los controles que establece el Gobierno, las CCAA y los ayuntamientos.

Montoro, que no aportó detalles sobre la cantidad de dinero que podría destinarse ni hizo más concreciones sobre su funcionamiento, señaló que el Ejecutivo está estudiando si la implantación de este nuevo esquema exige un cambio de la legislación y trabajando "técnicamente en los contenidos".

El ministro ha destacado que espera que en los próximos meses se pueda cumplir esos pagos pendientes a los proveedores y que el nuevo instrumento financiero satisfaga sus demandas y aporte una "inyección económica" para España.Se trata de "un esquema" para dar satisfacción a proveedores, ya sean pymes o grandes empresas, que esperan "muy acuciados" cobrar los servicios que han prestado, ha señalado.

Salvar a las familias con bajos ingresos del desahucio

El Gobierno estudia que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, dentro de un paquete de medidas encaminadas a reducir el coste social de este tipo de actuaciones judiciales.

Fuentes financieras informaron a Efe de que el Ministerio de Economía ha remitido al sector para su consulta una decena de medidas fiscales, sociales y económicas relacionadas con la problemática de los desahucios inmobiliarios.

Aunque el paquete de medidas está todavía en fase de consulta, el ministro de Economía, Luis de Guindos, podría aprovechar este miercoles una interpelación parlamentaria sobre este asunto para avanzar algunas de las propuestas que hay sobre la mesa.

La más importante de las que estudia el Gobierno supone fijar un umbral de ingresos a partir del cual una familia que haya incurrido en el impago de su hipoteca quedaría protegida ante un desahucio, y podría permanecer en su casa. Esta medida iría acompañada de otras iniciativas paralelas de tipo económico y administrativo, dado que el banco que ha concedido la hipoteca está obligado no solo a reclamar su deuda, sino también a provisionarla.

Una vez reclamada la deuda, se inicia un proceso judicial, y finalmente es el juez el que ordena el desahucio, no la entidad. Además, en caso de que el banco modifique las condiciones de una hipoteca, la entidad y el cliente afectado incurren en unos gastos que ahora podrían verse minimizados gracias a estas nuevas medidas.

Igualmente, el Gobierno estudia poner en marcha medidas fiscales para ayudar a las familias a afrontar su situación económica antes de llegar al límite del impago de su hipoteca. Son medidas a las que mañana podría hacer referencia De Guindos durante su respuesta en el Congreso a una interpelación urgente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, sobre la "dación en pago" y los "abusos de las entidades financieras".

El pasado 7 de febrero, el ministro ya anunció que se pondría en contacto con la banca para buscar fórmulas que "minimicen el coste social" que tienen los desahucios, porque "la peor situación es la de alguien que pierde su casa". De Guindos insistió entonces, también en el Congreso, en que ni al Gobierno ni a la banca le interesa que se produzcan dichos desahucios, que se han disparado con la crisis y han llevado a miles de familias a perder sus casas y a mantener la deuda hipotecaria con el banco.

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