El Gobierno aprueba la norma que desarrolla la Ley de la cadena alimentaria

  • Dicha ley, en vigor desde hace un año, contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros por cometer prácticas abusivas.

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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha aprobado este viernes un Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. De esta forma, se completa el desarrollo normativo de la Ley, a la que se dota de todos los elementos necesarios para corregir los desequilibrios en las relaciones comerciales de las empresas que operan en la cadena alimentaria.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado que es la primera vez que se regulan en España y a escala comunitaria las relaciones comerciales de la cadena alimentaria "para acabar con las prácticas comerciales abusivas". Con la aprobación de este Real Decreto se culmina una regulación "muy esperada" en el sector, al que ayudará a impulsar su competitividad y con la que verán corregidos los desquilibrios en la cadena alimentaria. Se trata de un marco regulatorio de "enorme importancia" para un sector "estratégico" para la economía española, ha enfatizado.

El Real Decreto aprobado este viernes establece así disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria, al Observatorio de la cadena alimentaria, a los laboratorios agroalimentarios para el control oficial, dependientes del Ministerio, y a la modificación del Reglamento de la Ley que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. La Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en vigor desde hace un año, contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria que cometa prácticas abusivas, al tiempo que establece la obligación de contratos por escrito en transacciones superiores a 2.500 euros.

Se eleva la protección sobre la cadena alimentaria

Las disposiciones relativas a las buenas prácticas en la contratación alimentaria contemplan el desarrollo del Registro Estatal de Buenas Prácticas Alimentarias, en el que se podrán inscribir aquellas empresas que voluntariamente hayan decido adherirse al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Con ello se aumenta el marco de protección de la Ley sobre la cadena alimentaria.

Asimismo, se establece como elemento clave la posibilidad de acudir a un procedimiento de mediación, cuando no hubiera acuerdo en la fijación del precio en los contratos correspondientes a la primera venta de productos agrarios no transformados. Además, se incluyen como condiciones que una de las partes de dicho contrato sea una organización de productores, y que ambas partes intervinientes estén adheridos al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.

Observatorio de la cadena alimentaria

Para mantener la vigencia de la Ley en el tiempo, se prevé un sistema de evaluación de sus resultados a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El Real Decreto aprobado determina su funcionamiento y composición, incluyendo en su estructura a representantes de las organizaciones y asociaciones más representativas de la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor final, y a la propia administración. De este modo, el Observatorio se constituye como un instrumento que permite identificar líneas de mejora y actualización.

Por otra parte, se establece la Red de Laboratorios Agroalimentarios de control de la calidad comercial en origen, como un instrumento de naturaleza científico-técnica que da apoyo a la Mesa de Coordinación de Laboratorios Agroalimentarios. Esto permite una gestión más eficaz del control analítico oficial, de la calidad comercial en origen de los productos agroalimentarios y medios de la producción agraria.

Por último, este Real Decreto modifica determinados aspectos de los procedimientos de reconocimiento, revocación y retirada del reconocimiento de las organizaciones interprofesionales alimentarias, además de adecuar el procedimiento de extensión de normas al procedimiento de tramitación normativa previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. 

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