El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.

"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador.

Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal".

"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.

Reducción del déficit público 4,4%

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha insistido también en que el Gobierno mantiene su compromiso de reducir el déficit público al 4,4% del PIB en 2012, una meta en la que se pondrá el "mayor rigor y esfuerzo", acometiendo reformas adicionales para lograrlo si fuera necesario.

La vicepresidenta ha hecho esta declaración de intenciones al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recalcado que toda la tarea del Gobierno está encaminada a crear empleo y que para ello se necesita cumplir con la reducción del déficit y hacer reformas.

Las palabras de la vicepresidenta llegan después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijera al diario alemán Financial Times Deutschland (FTD) que no podía asegurar que España cumpliera con el objetivo de déficit público en 2012 ante la amenaza de una nueva recesión y el empeoramiento de las previsiones internacionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha revisado sus previsiones macroeconómicas, que hará públicas el próximo martes, según las cuales la economía española caerá el 1,7% en 2012 y el 0,3% en 2013.

La vicepresidenta ha dicho que el Gobierno trabajará para que no se cumplan las negativas previsiones del FMI. Al respecto, ha hecho hincapié en que cada viernes el Consejo de Ministros está aprobando o analizando nuevas iniciativas con las que se está avanzando "con voluntad y determinación" en el proceso reformador y en el equilibrio presupuestario.

Preguntada por el calendario para reformas como la laboral o la financiera, ha explicado que el Gobierno está trabajando en ello para darles luz verde en el plazo dado por el presidente, Mariano Rajoy, que quiere que estén aprobadas en la primera quincena de febrero.

Grupo de Trabajo para la reforma integral de los organismos reguladores

El Gobierno ha acordado la constitución de un grupo de trabajo para que en "breve plazo" presente una reforma integral de los organismos reguladores con el objetivo de "simplificar al máximo su número" y crear una estructura "muy austera".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado que el grupo lo integrarán los Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La reforma se hará siguiendo tres principios esenciales: austeridad, neutralidad y profesionalidad, y eficacia.

Según la vicepresidenta, durante el Gobierno socialista se ha producido una proliferación de organismos reguladores con competencias que se solapan y que suponen la multiplicación de estructuras, dado que cada organismo cuenta con equipo directivo propio y medios materiales y humanos.

En este sentido, ha recordado que la ley de economía sostenible fijó cuatro organismo reguladores: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal. Posteriormente, ha señalado, se crearon el Comité Nacional del Transporte, la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria.

En su opinión, es necesario reformar esta estructura cuanto antes para devolver la confianza a los operadores y a los consumidores en sectores clave de la economía. El Gobierno pretende garantizar la profesionalidad de los integrantes de los organismos, incidiendo en su neutralidad y "verdadera" independencia, de forma que tengan una trayectoria debidamente contrastada sin ningún tipo de incompatibilidad en el sector y estén sometidos al control del Parlamento.