El Gobierno busca ya fórmulas para compensar el daño del acuerdo agrícola

  • Pedirá la revisión de la vigilancia aduanera de los productos marroquíes para evitar el fraude · Asaja cree que el protocolo restará más de 1.000 millones al año a Andalucía

La esperanza es lo último que se pierde, y a eso se agarra el sector para pelear hasta el último minuto contra el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que tiende a liberalizar aún más el comercio entre las dos economías. Mientras exportadores y organizaciones agrarias hacen lobby para influir en el voto clave de hoy de los eurodiputados aquí, en España, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete ya comenzaba a anticipar su política en un escenario con acuerdo. Porque, salvo sorpresa, esa será la realidad que se encuentren los agricultores españoles a partir de hoy.

En el Congreso de los Diputados, y a pregunta del PSOE, el ministro afirmó que planteará, en el marco de la negociación de la nueva Política Agraria Común, una "profunda modificación" de los mecanismos de precios de entrada, para evitar la "competencia desleal" de la exportación desde terceros países, que no respetan los contingentes pactados. La medida iría en el sentido de estrechar la vigilancia en las aduanas, ante la reiterada denuncia de los agricultores españoles de que Marruecos incumple el contingente pactado en el actual acuerdo e introduce a precio barato mucho más producto en Europa del que le está permitido. El comunicado conjunto del Ministerio de Agricultura francés y el español del pasado martes, en el que se habla de un "mecanismo de precios de entrada más eficaz" ya anticipa que este va a ser el camino que se siga, sin perjuicio de las compensaciones al sector. Una enmienda del PSOE en el Parlamento europeo ya las pide, en previsión de que el resultado sea desfavorable para el interés español.

Mientras, los agricultores continúan moviéndose. Asaja-Andalucía emitió ayer un comunicado en el que estimaba en 2.240 millones al año el daño para el sector en España, el 50% en Andalucía, y en 400.000 los empleos que estarían en peligro. La organización critica que no se hayan realizado estudios de impacto en España y Andalucía, y lamenta que la unidad política haya llegado tarde, después de que la anterior ministra, Rosa Aguilar, votara a favor del acuerdo en el consejo de la UE.

La suerte está echada. Ayer, el ministro de Exteriores francés pidió expresamente el voto a favor. Y así lo harán el grueso de partidos de la Eurocámara. Los españoles, que son minoría, votarán en contra.

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