El Gobierno impulsará medidas para seguir trabajando y cobrar la jubilación

  • Báñez asegura que la reforma laboral no incluirá ni el contrato único ni los minitrabajos y apuesta por una inmigración "legal, ordenada y vinculada al empleo".

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha descartado que en la reforma laboral que se aprobará el viernes se contemple la implantación de un contrato único o los miniempleos y ha desvelado, sin dar detalles, que incluirá cambios en la política de formación profesional. La ministra ha comparecido por primera vez en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados tras su toma de posesión por espacio de cuatro horas.

Sin embargo, y a pesar de las numerosas peticiones de los grupos parlamentarios, ha eludido precisar cómo se aprobará la reforma -si será un anteproyecto o un real decreto-ley- y cuáles serán sus contenidos. Báñez ha argumentado que, por respeto al Consejo de Ministros del viernes en el que se aprobará la reforma, no podía informar con profundidad de ella.

Lo que sí ha dicho es que va a ser "completa, equilibrada y útil", por lo que la ministra ha expresado su confianza en que los sindicatos no convoquen, como hicieron con el PSOE, una huelga general contra la reforma laboral y ha apelado a su responsabilidad. También ha descartado, a preguntas de los grupos, que vaya a incluir un contrato único o los conocidos como miniempleos, que tienen una jornada reducida y un menor salario, demandas que en ambos casos ha planteado la CEOE. Del contrato único ha dicho que no puede aplicarse en España porque sería inconstitucional, mientras que de los miniempleos ha afirmado que ningún joven puede cobrar menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es de 641,2 euros al mes. Báñez también ha destacado que la reforma evitará que el principal ajuste de las empresas sea vía despido de trabajadores.

La ministra ha reiterado que no se tocarán las prestaciones por desempleo, aunque sí ha advertido de que se pondrá en marcha un plan que mejore los controles para sus perceptores y las bonificaciones a la contratación, pero que no ha concretado. Esto supondrá que habrá "tolerancia cero" con el fraude, ha advertido la ministra de Empleo.

Para reducir el paro juvenil ha anunciado que, a finales de marzo, se aprobará en una Conferencia Sectorial el Plan Anual de Empleo 2012 que establecerá una colaboración entre las entidades públicas y privadas. En relación con la formación, las dos novedades adelantadas por Báñez son la reforma de la formación profesional, que se hará en colaboración con el Ministerio de Educación y las comunidades, y la puesta en marcha de una "cuenta de formación" que acompañará al trabajador durante toda su vida laboral. La reforma del mercado de trabajo también tendrá en cuenta las necesidades "específicas" de autónomos y microempresas, ha afirmado la ministra, quien ha añadido que supondrá la eliminación de adelantar el IVA por facturas que no se han cobrado.

Respecto a la otra pata de su Ministerio, la Seguridad Social, Fátima Báñez ha insistido en que no se alargará más allá de los 67 años la edad de jubilación y que se fomentará la prolongación voluntaria de la vida laboral. También el Gobierno quiere compatibilizar el cobro de una pensión con un puesto de trabajo. La ministra quiere que todas estas cuestiones se debatan en el Pacto de Toledo, al que ha descrito como el "gran pacto social de la democracia" y por ello se ha comprometido a respetarlo "siempre". Báñez ha anunciado que el Ejecutivo quiere disminuir las prejubilaciones, excepto en casos excepcionales, y poner freno a la práctica de usar la prestación por desempleo como mecanismo de jubilación encubierta, ya que el 25% de los trabajadores que acceden a la jubilación provienen del desempleo.

Asimismo, la ministra ha afirmado que la pensión debe ser más proporcional a las cotizaciones de toda la vida laboral. Báñez ha señalado que más del 50% de las nuevas jubilaciones se producen antes de los 65 años y que la voluntad del Gobierno es de acercar la edad real de jubilación a la edad legal. En este sentido, ha recordado que en junio de 2010 la edad real era de 62,82 años para todo el sistema y de 63,39 en el régimen general. La ministra ha dicho que, pese a que la revalorización en las pensiones para 2012 ha beneficiado a casi 12 millones de pensionistas, para el largo plazo se necesitan medidas que aseguren la sostenibilidad del sistema.

Las explicaciones de la ministra no han convencido a los grupos de la oposición, que han coincidido en pedir a Báñez que "entrase en harina" y les explicara la reforma. La oposición también ha coincidido en que la ministra se ha comprometido a negociar con ellos una reforma que va a ser aprobada por decreto, por lo que han puesto en duda su defensa del diálogo parlamentario.

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un "certificado" para emigrantes españoles que retornen definitivamente al país a fin de "garantizar su seguridad jurídica" y promover su reintegración en la sociedad. Báñez ha explicado que "el mandato de la Constitución Española es orientar la política de los emigrantes hacia su retorno" y que su gabinete pretende trabajar en esta línea.

En cuanto a la política de Inmigración, ha puesto el acento en la necesidad de cumplir la legislación vigente, sin referirse a las modificaciones en la Ley de Extranjería anunciadas por el Partido Popular durante la campaña electoral."La situación económica actual impone que el flujo de inmigración se realice de manera ordenada y controlada, de forma que el que venga tenga un contrato laboral y/o medios económicos suficientes para llevar una vida digna", ha sentenciado. En este sentido, ha señalado la necesidad de ser "igualmente celosos en cuanto a la aplicación de las normas en materia de arraigo y reagrupación familiar" ya que, a su juicio, "en el pasado se han interpretado con excesiva laxitud". "Tampoco promoveremos regularizaciones masivas", ha añadido.

Báñez, que ha recordado que los extranjeros son ya el 12 por ciento de la población y registran una tasa de paro del 34,82 por ciento, ha apuntado su objetivo de lograr una inmigración "legal, ordenada, vinculada al empleo y a la capacidad de acogida" del país, ha incidido además en que la integración de los nuevos ciudadanos debe ser "bidireccional". "El inmigrante legal ha de conocer sus derechos pero también sus obligaciones, al igual que el nacional español; ha de conocer nuestra cultura y nuestras costumbres y la obligación de la Administración es fomentar ese conocimiento mediante las correspondientes acciones formativas", ha apuntado. 

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