El Gobierno llevará a los presupuestos las prestaciones no contributivas

  • Pretende cuadrar el déficit de la Seguridad Social sacando poco a poco partidas no ligadas a las cotizaciones

El Gobierno apuesta por cuadrar el déficit de la Seguridad Social sacando "progresivamente" del sistema público los elementos menos contributivos del sistema, esto es, aquellas prestaciones y gastos que no estén estrictamente vinculados con las cotizaciones sociales, vía por la cual se financia el sistema de las pensiones.

La intención del Ejecutivo, según aseguran fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pasa por avanzar en la separación de fuentes de financiación a través de partidas específicas de los Presupuestos Generales del Estado que soporten estas prestaciones.

Si la Seguridad Social únicamente tuviera que financiar las pensiones y prestaciones contributivas, aseguran desde el Gobierno, las aportaciones de trabajadores y empresarios serían suficientes para cuadrar las cuentas. No existiría déficit alguno, aseveran. Sin embargo, las previsiones de Moncloa para 2018 son de un déficit del 1,1% la mitad del desfase de toda la Administración Pública comprometido con la Comisión Europa.

En todo caso, el Ejecutivo asume que para ello deberá contar con el acuerdo de las formaciones políticas en el Pacto de Toledo, que en líneas generales parecen decididos a descargar de la Seguridad Social todo gasto no relacionado con las pensiones públicas, trasladando a los Presupuestos incluso partidas como las del personal o el patrimonio de la institución.

Este mismo año, el Gobierno reservó una partida de los Presupuestos para abonar parte de los gastos de la Seguridad Social. La idea del Gobierno es que los 10.192 millones de euros que el Estado transfirió en forma de préstamo en 2017 -más los complementos que desde la última reforma ya se encarga de financiar- sirvan como "base" en los próximos años. Si hubiera acuerdo en el Pacto de Toledo se aumentarán las aportaciones.

Respecto a la revalorización de las pensiones, aspecto que divide al Pacto de Toledo entre partidarios de mantener el actual índice (PP y Ciudadanos) y los que apuestan por derogarlo, o al menos reformarlo para evitar pérdidas de poder adquisitivo (el resto de partidos), desde el Gobierno se contempla un cambio del sistema.

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