La revisión de los actuales programas de ayuda a las pymes y del capítulo de gastos de personal de la Administración, y la fijación de nuevos plazos de pago para evitar la morosidad en las administraciones públicas son algunas de las propuestas del Gobierno para llegar a un pacto político anticrisis. Así se recoge en el documento que ha elaborado la Comisión intergubernamental nombrada por el presidente del Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, llegue a un acuerdo con los partidos que permita paliar la crisis y generar empleo.

Los cuatro ejes sobre los que se deberá llegar a un consenso son, como adelantó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la competitividad de las empresas, el nuevo modelo productivo, el cumplimiento del Plan de Consolidación Fiscal y facilitar el acceso al crédito y controlar la morosidad. El documento, de tres páginas, ha sido enviado a los partidos políticos, a los que la Comisión Interguberamental -formada por los titulares de Economía, Industria y Fomento- ha convocado este jueves.

En el apartado dedicado a "las medidas para mejorar la competitividad de la economía y fomentar la creación de empleo" el Gobierno apuesta por el impulso de la colaboración público-privada, y por la definición del mix energético para el año 2020. Además se propone el desarrollo del modelo aeroportuario y portuario, la simplificación administrativa, la reducción de cargas y la mejora de la calidad y competitividad del sector turístico. En política industrial, el Ejecutivo apuesta por el vehículo eléctrico, la competitividad y consolidación del sector aeronáutico y el sector de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para cumplir con el objetivo del 3% de déficit en 2013, como demanda la Comisión Europea, el Gobierno quiere adoptar una reducción de los gastos de personal de la Administración General del Estado, lo que conlleva racionalizar el sector público empresarial. También quiere lograr un compromiso de todas las administraciones públicas con la austeridad y el control de gasto, para lo que aboga por adoptar "pautas comunes", y potenciar la lucha contra el fraude fiscal, laboral y en la Seguridad Social.

El último apartado del documento se refiere al "Sistema financiero: estabilidad, morosidad, acceso al crédito". Aquí el Gobierno quiere hacer una evaluación y seguimiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), "determinar" los plazos de pago de las administraciones públicas y de las pymes. En cuanto a cómo mejorar la financiación empresarial, en el documento se apuesta por "nuevas formas de actuación del ICO y vías alternativas de apoyo al crédito oficial". En ninguno de los diferentes apartados aparecen cifras o datos concretos de cómo conseguir esos objetivos, ni las partidas presupuestarias que se destinarán a ello.