Gobierno, sindicatos, partidos políticos y autónomos consideran una agresión al derecho de los trabajadores el acuerdo alcanzado hoy por los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) para ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales.

Los ministros de Trabajo de los 27 países de la UE, tras cerca de doce horas de negociación, lograron sacar adelante la propuesta que ahora deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo (PE) para su entrada en vigor. La Comisión Europea (CE) mostró su satisfacción por el acuerdo porque "supone un paso adelante para los trabajadores" y refuerza el papel del diálogo social.

Sin embargo, el Gobierno español rechaza la directiva europea, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien anunció que España trabajará en el Parlamento europeo para revisarla. España ha sido uno de los grandes opositores de la ampliación de la jornada laboral pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en esta negociación, Francia e Italia, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo ayer, antes de que terminara la reunión con sus colegas de la UE, que Europa sufriría un "retroceso" en su agenda social con esta medida que acerca Europa "más al siglo XIX que al siglo XX".

También todos los partidos políticos, excepto el PP, consideran que la directiva supone un recorte social. El portavoz de Empleo del Partido Popular, José Ignacio Echániz, acusó al Gobierno de "confundir" a la opinión pública porque la directiva "no es obligatoria" y se ciñe a un problema puntual relacionado con el cómputo de las horas de las guardias médicas. Añadió que España está lejos de las 65 horas semanales porque la Ley establece 40 y la realidad es que "se trabaja una media de 37 ó 38 horas a la semana".

La diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de "retroceso histórico" la medida y puso su partido a disposición de Gobierno y sindicatos para evitar que salga adelante, mientras que para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se trata de "un escándalo" que niega "la propia historia política y social de la Unión Europea". El portavoz de asuntos laborales de grupo vasco (EAJ-PNV), Emilio Olabarria, calificó la decisión de "verdadera agresión a los derechos de los trabajadores" y desde el PSOE, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Valenciano, dijo que era "retrógrada" y un "atentado" a los derechos de los trabajadores.

A juicio del ex presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, la decisión refleja que Europa "tiene que ponerse las pilas" y "viene a decir" que los tiempos no están para seguir hablando de reducciones de jornada. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, afirmó que el acuerdo no va a impedir que la patronal siga firmando los convenios colectivos de 40 horas semanales con los sindicatos "como todos los años".

Díaz Ferrán señaló que la reforma "se está entendiendo mal", porque "realmente no hay un aumento de la jornada", ya que de momento "lo único que está puesto sobre la mesa es el alargamiento de la jornada de los médicos y en los días de urgencias". No obstante, para la patronal del sector del metal es "prácticamente imposible" que se pueda alargar la jornada laboral en España porque está regulada por el estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos. Confemetal coincidió con los sindicatos en que una medida así no beneficia en nada a países como España, que debe buscar la competitividad en otros factores distintos del coste salarial y de los precios.

Por su parte, CCOO consideró "intolerable" la directiva y anunció que estudia alterar el contenido de su intervención ante la 97 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del próximo 12 de junio, para denunciarla, en tanto que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió de que "podemos abocar a una situación de confrontación muy seria".