Gowex presentó ayer el concurso voluntario de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Madrid ante la situación de insolvencia que presenta, debido a que no ha podido alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

Envuelta en el escándalo protagonizado por su entonces presidente, Jenaro García, quien reconoció haber manipulado las cuentas de la empresa durante años, Gowex anunció el 14 de julio de 2014 que había presentado el concurso voluntario de acreedores cuatro días después de haber solicitado el preconcurso.

Fuentes judiciales explicaronque, efectivamente, García solicitó ese día el concurso de acreedores. Sin embargo, el juzgado Mercantil número 11 de Madrid rechazó la demanda por un defecto de forma y procedió a su archivo.

En paralelo, Javier Solsona, administrador judicial nombrado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de la parte penal del caso, rechazó hacerse cargo de dicha petición de concurso por no haberla tramitado él. Un año después, en un hecho relevante remitido ayer al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Solsona aseguró que, en un intento de recuperar la normalidad, Gowex ha seguido desarrollando su actividad y ha llevado a cabo un plan de viabilidad para implantar un modelo de negocio "realmente rentable, que permitiera la subsistencia de la empresa y su retorno a cotización". Además, ha reducido su plantilla de 150 a 64 trabajadores y, hasta fechas recientes "se han atendido todos los pagos correspondientes a nóminas, Seguridad Social e IRPF".

Para ejecutar el plan de viabilidad se han mantenido contactos con inversores y bancos acreedores sin que, "lamentablemente", haya habido "oportunidad de llegar a un acuerdo con ninguno de ellos, dado que García se ha negado a ceder sus acciones a inversores que tuvieran la voluntad de seguir con el negocio", denuncia Solsona. Al carecer de vía jurídica para que los inversores pudieran formar parte del capital, no se ha podido cerrar una negociación ni ofertar a los bancos quitas.

A inicios de julio de 2014, García confesó que había falseado las cuentas de la firma del "wifi gratis" durante, al menos, cuatro años, en los que recibió múltiples reconocimientos, subvenciones y préstamos.