Hacienda inspeccionó las cuentas en las que se cargaron las tarjetas opacas

  • La Agencia Tributaria aporta los documentos a la causa a instancias de Blesa, que los reclamó para acreditar que Hacienda conocía la existencia de las tarjetas.

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Hacienda fiscalizó las dos cuentas en las que, según Bankia, Caja Madrid cargó los gastos efectuados por los ex consejeros y ex directivos de la caja imputados por el escándalo de las tarjetas opacas, según las actas que la Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional. Dichas actas de conformidad, correspondientes al Impuesto de Sociedades de 2004, 2005 y 2006 y firmadas por el inspector y un representante de Bankia y otra de la Fundación Caja Madrid el 7 de junio de 2013, demuestran que la Agencia Tributaria inspeccionó esas cuentas durante años.

Sin embargo, esto no quiere decir que Hacienda conociera la existencia de las polémicas tarjetas, sino que inspeccionó las cuentas en las que se cargaron algunos de sus gastos y pudo pedir detalles a Caja Madrid de determinados gastos para ver si eran deducibles.

Hacienda ha aportado estos documentos a instancias de Miguel Blesa, el ex presidente de Caja Madrid, que los reclamó como vía para acreditar que la Agencia Tributaria conocía la existencia de las polémicas tarjetas con las que 83 ex directivos y ex consejeros de la entidad gastaron más de 15 millones en algo más de una década. En su opinión, según explicó en un escrito, esas actas demostrarían que "se incrementaron las bases imponibles de Caja Madrid con la inclusión de, al menos, una parte significativa de tales disposiciones que se sometieron a la tributación del Impuesto de Sociedades de los ejercicios inspeccionados". Y por eso pedía la inclusión en la causa de esta información correspondiente a los años comprendidos entre 2003 y 2010, si bien Hacienda informa al juez Fernando Andreu de que las inspecciones a partir de 2008, tanto de Caja Madrid como posteriormente de Bankia y BFA, están actualmente "en curso", por lo que no las incorpora.

Según la documentación que Bankia entregó al juez el pasado 6 de febrero, los gastos de las tarjetas de los consejeros ejecutivos y directivos se contabilizaban exclusivamente en la cuenta 6.691,10 "Tratamiento Administrativo Circular 50/99", mientras que las del resto de consejeros y miembros de la Comisión de Control se registraban en la 6.192,02 "Gastos de Órganos de Gobierno". La primera cuenta aparece en el acta de inspección de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2004, con un importe de 91.833 euros, y vuelve a aparecer en la de 2006 con 237.088 euros. Mientras, la segunda cuenta figura en el acta de inspección de 2005, con un saldo de 35.994,95 euros, y en la del año siguiente, con 135.799,33 euros.

Tres meses antes de que Hacienda, Bankia y la Fundación Caja Madrid -heredera de la obra social de la caja- firmaran esas actas, habían suscrito las diligencias de consolidación, que coinciden en su contenido. Pero, además, en los documentos de Bankia entregados al juez, la entidad revelaba que durante las inspecciones realizadas hasta 2006 por parte de la Agencia Tributaria, el Departamento Fiscal, "únicamente en cuanto a su tratamiento tributario, tuvo conocimiento de las actuaciones tributarias realizadas en relación a la cuenta "Gastos de Órganos de Gobierno".

También destapaba una tercera cuenta "en relación con las tarjetas de consejeros ejecutivos y directivos al margen del circuito ordinario" cargadas a "Tratamiento Administrativo Circular 50/99", fueron "puntualmente, y frente a la práctica habitual", contabilizadas en la cuenta 6.124,02 "Gastos Reuniones Trab. Tarjetas empresas". En concreto, se refería a dos de ellos, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj, que cargaron en la citada cuenta 15.344 euros.

Lo que no pudo aportar Bankia, y tampoco Visa, fueron los contratos marco de las tarjetas que les reclamó el juez a petición tanto de Blesa como de Rato. En el primer caso, la entidad justificaba que "no se han podido localizar los citados contratos" pero "existen registros informáticos justificativos" de su existencia, mientras que Visa aseguraba que no disponía de ellos ni de "cualquier información relativa a dichos contratos".

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