Vodafone se ha llevado el gato al agua. La Junta de Andalucía ha escogido finalmente a esta operadora -en detrimento de la propuesta lanzada conjuntamente por Telefónica e Iberbanda, la mejor posicionada entre el resto de aspirantes- para llevar la banda ancha en movilidad a las zonas rurales de la región. La compañía se adjudica, así, un contrato valorado en 15 millones de euros.

El objetivo es que, en 2009, todos los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes puedan acceder a internet con, al menos, un mega de velocidad. Para ello, Vodafone -en virtud de este contrato, que se enmarca dentro del proyecto denominado Pórtico- se encargará de realizar el despliegue de la infraestructura tecnológica necesaria, aunque lo que aún está por decidir es si será esta compañía la que se adjudique la prestación del servicio a partir de ese momento.

La iniciativa se desarrollará en dos fases: la primera, obliga a la operadora a cubrir, al menos, el 60 por ciento de las poblaciones a lo largo de este año y, la segunda, a completar el 100 por ciento del territorio antes de noviembre de 2009. "La meta del programa es garantizar que cualquier localidad cuente como mínimo con un operador de banda ancha que le proporcione la posibilidad de acceder a internet", indica Juan Carlos Expósito, director general de Infraestructuras y Servicios Tecnológicos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En total, serán cerca de 2.000 núcleos de población los beneficiados con el despliegue de la red: los 696 municipios en los que ya hay centros Guadalinfo -programa lanzado por la Junta hace cuatro años para proporcionar la llegada de internet a las zonas rurales-, junto a 1.277 pedanías más.

Como contrapartida a la adjudicación de este contrato -presupuestado en 15 millones de euros: 13,5 de los fondos Feder y 1,5 de la Consejería de Innovación-, la Junta de Andalucía realizará una serie de exigencias a Vodafone. La principal, que la firma garantice que el 80 por ciento de los habitantes de los municipios beneficiados tengan cobertura. "No nos vale con que se pueda acceder a internet desde el centro urbano y no desde las afueras", explica Expósito. El 20 por ciento restante, que quedará irremediablemente fuera del alcance de la banda ancha en movilidad, "podrá acceder a una orden de incentivos de la Junta que existe desde el año pasado y que ayudará a solventar el problema", añade.

Otro de los requisitos impuestos por el Gobierno andaluz a la compañía británica es que mantenga las inversiones durante cinco años a partir de 2009. Esta es una precaución que toma la administración para evitar que la compañía se marche después de haberse beneficiado de la adjudicación del concurso.

La Junta sacó este proyecto a licitación pública el pasado mes de diciembre mediante un concurso al que concurrieron las principales empresas de telecomunicaciones que operan en Andalucía. Eso sí, el número de aspirantes no fue muy elevado, "puesto que pocas empresas tienen capacidad para desplegar tal red de infraestructuras en un periodo limitado de tiempo", apunta Expósito. De hecho, las mejor posicionadas fueron Telefónica y Vodafone. La primera se presentó en alianza con Iberbanda, pero no logró pasar la primera criba.

Vodafone renueva la confianza de la Junta, ya que es su proveedor de comunicaciones móviles desde 1999, contrato que revalidó en 2004 por un periodo de tres años y que es ampliable a otros tres más.