El secretario general de UGT, Cándido Méndez, considera que la nueva Ley de Cajas, que el Gobierno aprobó el pasado mes de julio, no garantiza los 250.000 empleos que genera la obra social de estas entidades y provocará la exclusión financiera de gran parte de los ciudadanos, que tendrán más dificultad para acceder al crédito.

Méndez señaló que alterar la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro "no supone ninguna garantía de que se puedan preservar estos empleos", y que la reforma de la ley de cajas es una decisión "grave" del Gobierno, porque a medio plazo va a "extirpar" un modelo de entidades pegadas al territorio que permite un mayor acceso de los ciudadanos al mundo financiero.

Advirtió asimismo que en España puede ocurrir lo mismo que en Italia, donde el 24% de los ciudadanos no tienen acceso a la financiación. Méndez insistió en que en España el 7% de la población no puede lograr crédito, pero que tras la reforma podría elevarse por encima del 20% en unos años.

Méndez resaltó que esta reforma es una de las más negativas que ha adoptado el Gobierno, pero aún puede rectificarse en alguno de sus puntos, como que los recursos que se empleen del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) sean considerados como capital público dentro de las entidades.

Respecto a la reducción de los cargos políticos en el seno de las cajas para lograr una mayor profesionalidad, Méndez consideró que hay cargos políticos que han resultado ser gestores "buenos y competentes", por lo que, a su juicio, "establecer como paradigma de lo eficiente al profesional independiente y criminalizar a cualquier persona del ámbito de la política es lamentable".