Rajoy asume que la reforma laboral le va a costar una huelga

  • Un micrófono abierto capta una conversación del presidente del Gobierno con el primer ministro finlandés y otra en la que se queja de haber recibido "una herencia muy complicada".

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El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asumido en las conversaciones que ha tenido con sus homólogos europeos antes del inicio de la cumbre de la UE que la reforma laboral que va a aprobar su Ejecutivo le va costar la convocatoria de una huelga. Rajoy ha dado por hecha esa movilización en la conversación informal que ha mantenido con el primer ministro finlandés, Jyrki Katainen, y que ha podido escucharse en la grabación realizada por las cámaras de televisión. El jefe del Ejecutivo español, al igual que ha hecho con otros de sus homólogos europeos, le ha explicado las reformas que está abordando su Gobierno para hacer frente a la crisis económica.

Así, ha señalado que el pasado viernes su Consejo de ministros aprobó la ley de estabilidad presupuestaria, que el próximo dará luz verde a la reforma del sector financiero y que al siguiente se tramitará la reforma laboral. "La laboral nos va a costar una huelga", ha comentado Rajoy a Katainen con ayuda de un intérprete. En esas conversaciones previas al inicio de la cumbre se ha podido escuchar también a Rajoy explicar al primer ministro holandés, Mark Rutte, que la situación es dura y que aún se prolongará, así como que se ha encontrado con "una herencia muy complicada" y un déficit de más del 8 por ciento.

Rajoy expone sus reformas ante el Consejo Europeo y pide liquidez del BCE

El presidente del Gobierno español ha expuesto en el Consejo Europeo las reformas adoptadas por su Ejecutivo en materia de consolidación fiscal y ha defendido la necesidad de que el BCE siga inyectando liquidez en el sistema para responder a los problemas de financiación de las pymes. En su primera intervención ante sus colegas europeos como presidente del Gobierno español, Rajoy no ha hecho mención alguna a la posibilidad de que se eleve el porcentaje de déficit en el que podría incurrir España en 2012, a pesar del empeoramiento del escenario económico desde que se decidió que fuera del 4,4% del PIB, según fuentes gubernamentales.

Como encargado de una comunicación sobre la situación de las pymes en Europa, efectuada junto a su colega irlandés, Enda Kenny, Rajoy ha destacado la influencia perniciosa de los problemas de deuda soberana sobre la financiación que pueden obtener las pymes en el sistema bancario. Asimismo ha explicado las líneas maestras del anteproyecto de ley de Estabilidad Financiera aprobada el viernes, y se ha referido a la reforma del sistema financiero, que verá el próximo Consejo de Ministros, y a la reforma laboral, que analizará el Gobierno la siguiente semana.

Junto a las medidas adoptadas o que prepara su Gobierno, Rajoy ha propuesto que los excedentes de los fondos estructurales y de cohesión se destinen a programas que sirvan para generar empleo, así como que se inicie una reflexión sobre el llamado modelo austríaco para que los trabajadores destinen una parte de su cotización al desempleo a un fondo que puedan trasladar cuando cambien de trabajo. A estas propuestas, el jefe del Ejecutivo español ha unido la de que los directivos de las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas tengan una remuneración armonizada en todos los países.

Por otro lado, según las citadas fuentes, Rajoy ha salido satisfecho de su reunión con el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, en la que ha ratificado el calendario previsto para la presentación del proyecto de ley de presupuestos de 2012 para antes del 31 de marzo. El Ejecutivo defiende que antes de fijar el techo de gasto con el que se elaboran los presupuestos debe esperar a que la CE presente el próximo 23 de febrero sus nuevas proyecciones de crecimiento para la eurozona, que previsiblemente serán peores que las anteriores.

El hecho de que Barroso se haya remitido al Eurogrupo y el Ecofin como los foros en los que deben decidirse eventualmente nuevos objetivos de déficit no lo interpreta necesariamente el Gobierno español como una puerta abierta a la revisión de este indicador. Para el Ejecutivo se trata simplemente de que es una cuestión que compete a estos consejos económicos.

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