SATISFACER las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades". Con esta expresión, tomada del Informe Brundtlan, se lanzaba al mundo el concepto de desarrollo sostenible en la Cumbre de Río de 1992. Nacía con la misma carga de ambigüedad con que anteriormente lo había hecho el de eco-desarrollo en los 70 y, más recientemente, el de bio-economía y, por lo tanto, con el mismo riesgo de banalización intelectual, como consecuencia de su utilización abusiva. Acabamos de tener un ejemplo con el Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad, dónde no solamente cuesta trabajo entender el significado de la expresión en tan ampuloso encabezamiento, sino también su utilización por parte del vicepresidente Chaves durante su presentación, cuando señalaba que "el salto cualitativo que va a dar el nuevo fondo sobre el actualmente vigente es que el empleo va a ser de más calidad, más sostenible…". Se supone que manifestaba así su confianza en que, con el nuevo fondo, aumente la proporción de contrataciones fijas y disminuya la de eventuales, pero también da testimonio de la tendencia a confundir lo sostenible con lo duradero.

Son conceptos cercanos, pero no necesariamente confluyentes y compatibles. El propio Fondo puede ser un buen ejemplo. Concebido para hacer frente a una situación excepcional, sólo puede aceptarse como un remedio temporal. Podría ser como pretender mantener a un enfermo a base de antibióticos, ignorando los problemas a medio plazo de su administración abusiva. El equivalente en economía sería la posibilidad de que se generen otros desequilibrios que alimenten nuevos episodios de crisis, mientras que desde la perspectiva del medio ambiente el resultado podría ser el agotamiento de un recurso o a la desaparición de un ecosistema.

De momento es casi lo único que se conoce de la Ley de Economía Sostenible anunciada por el Gobierno. Se sabe que habrá otro fondo destinado a incentivar la actividad económica en el sector privado, pero es evidente que la idea de sostenibilidad que deben estar manejando sus redactores, al menos en lo que a su dimensión económica se refiere, tiene que plantear objetivos mucho más ambiciosos de lo que puede esperarse de un sistema de ayudas públicas. Se supone que la Ley de Economía Sostenible no se concibe como un instrumento para salir de la crisis, sino para fijar el marco en el que se desenvolverá la economía española del futuro. Se trata de cambiar el modelo, o al menos así se ha anunciado, y esto exige legislar para modificar las reglas de juego.

El concepto de sostenibilidad en economía se asocia con la idea de equilibrio a largo plazo, lo que significa que cuando la economía se encuentra en su potencial, es decir, manteniendo la ocupación de sus recursos en su nivel de tendencia, las cuentas del sector público y la balanza por cuenta corriente deben estar razonablemente equilibradas, la inflación debe ser estable y la tasa de paro debe ser la natural y compatible con la estabilidad de los precios.

Como se puede intuir, el reto que tiene el Gobierno por delante para impulsar un modelo de economía sostenible es descomunal, sobre todo a la vista de la evolución del déficit público y del paro y de lo que cabe esperar de la balanza por cuenta corriente cuando se recupere la demanda, si no se corrigen nuestros endémicos problemas de productividad. Pero en la coyuntura actual, el compromiso con la sostenibilidad tiene, al menos, otras tres dimensiones adicionales que exigen compromisos gubernamentales.

En primer lugar, la eficiencia energética, que sin duda ocupará una posición central en la estrategia del Gobierno, pero en la que seguimos moviéndonos con demasiada erraticidad. España sigue necesitando 41.000 barriles de petróleo para producir 100 millones de PIB, mientras que la media de la Unión Europea es de 36.000. Es cierto que todavía están peor los norteamericanos, pero mientras que en Estados Unidos el PIB ha crecido tres veces más que el gasto en petróleo durante los últimos 10 años, en España sólo ha crecido el doble, mientras que Alemania, Japón, Italia, Francia o Reino Unido han conseguido reducirlo.

En segundo lugar, la responsabilidad social corporativa. Podría llegar incluso a identificarse con una cuarta dimensión ética de la sostenibilidad, adicional a las reconocidas por el Gobierno como económica, social y medioambiental, cuya oportunidad se justifica por la extensión del fenómeno de la corrupción. Las prácticas de corrupción limitan la competencia, retardan el crecimiento y atentan contra la existencia misma de las empresas, llegando a afectar a la sostenibilidad económica de los países.

Es lo que mantenía Transparencia Internacional durante la presentación de su Informe de 2009 en Madrid, abogando por una reacción ciudadana que conduzca a la regeneración de la moral pública y privada. Por último, la justicia generacional, que no solamente tiene una dimensión ecológica, sino también económica y difícilmente compatible con un crecimiento excesivo del déficit público. "La sostenibilidad no será fruto de la eficiencia y del desarrollo económico, sino que implica, sobre todo, decisiones sobre equidad actual e intergeneracional", sostiene José Manuel Naredo.