Vía libre a la negociación de un nuevo acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos

  • Los Veintisiete miembros de la CE apoyan el inicio de las conversaciones que fueron vetadas por la Eurocámara el pasado diciembre

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Los Veintisiete dieron hoy luz verde a la Comisión Europea (CE) para que inicie las negociaciones para establecer un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, tras el veto del Parlamento Europeo que impidió su renovación el pasado mes de diciembre.

Los ministros de Energía aprobaron hoy, en un punto sin debate, el mandato necesario para que Bruselas vuelva a la mesa de negociaciones, diez días después de que los Estados miembros lograran un consenso a nivel diplomático para la renovación del convenio.

El texto aprobado hoy no incluye una mención expresa a la situación del respeto de los derechos humanos en el Sahara Occidental, como pedían Reino Unido, Suecia y otros Estados miembros y a lo que se oponían España y Francia, entre otros.

El mandato fue respaldado por todos los países salvo Reino Unido y Suecia, que votaron en contra, y Holanda y Finlandia, que se abstuvieron, principalmente por la exclusión de la cuestión saharaui del documento.

Precisamente éste polémico punto fue uno de los motivos que esgrimieron los eurodiputados para rechazar la renovación del anterior acuerdo por un año más, al considerar que era ilegal según el derecho internacional, ya que interfería en los recursos de la población local saharaui.

Por su parte, la Comisión Europea apoyó la nueva propuesta de compromiso presentada por Dinamarca, país que ocupa la presidencia de turno de la UE este semestre, y mostró su disposición a comenzar las negociaciones cuanto antes, previsiblemente a finales de este mes.

El último acuerdo pesquero con Marruecos estuvo en vigor de 2007 hasta finales de febrero de 2011, con una prórroga de un año que finalmente no salió adelante, debido al mencionado veto del Parlamento Europeo.

El acuerdo ofrecía 119 licencias a la flota europea (100 de ellas para España, aunque no se usaban todas, que beneficiaban sobre todo a buques de Canarias y Andalucía), a cambio de unas compensaciones de 36,1 millones de euros anuales.

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