Las administraciones públicas deben a las pymes 33.000 millones

  • El retraso medio en los pagos supera los seis meses cuando el tope legal son 60 días y se ceba con los servicios urbanos

Comentarios 2

Las administraciones públicas deben a las empresas unos 33.000 millones de euros y el retraso en el pago supera los seis meses, lo que, sumado a la crisis económica, ha llevado a las pymes a una "situación límite". Éste es el diagnóstico de Jesús Bárcenas, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), quién opinó que, en este contexto, el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por el Gobierno, que está dotado con 8.000 millones, resulta insuficiente.

La morosidad de las administraciones públicas no es un fenómeno nuevo, pero se ha acentuado con la crisis y sus efectos son ahora más negativos porque el acceso al crédito es más difícil. La situación ha llegado a tal punto, subrayó Bárcenas, que ahora, aunque un ayuntamiento entregue un pagaré al empresario, el banco puede no aceptarlo.

El caso extremo que ejemplifica la situación "límite" de las pymes ha sido la reciente amenaza de un empresario de la construcción de quemarse a lo bonzo si el Ayuntamiento de Loeches (Madrid) no su pagaba la deuda. El empresario empezó el viernes a cobrar parte de la cantidad adeudada.

Los retrasos en el pago de las administraciones públicas, que Cepyme estima entre 180 y 200 días, muy por encima del tope legal de dos meses, castigan sobre todo a las pymes, porque, según Bárcenas, las grandes compañías también se están demorando en el pago a las pequeñas. Algunas comunidades han planteado incluso una quita a las empresas para rebajar las cantidades que les adeudan.

Bárcenas considera que en esta situación el Fondo Estatal de Inversión Local es insuficiente, ya que se trata de ayudas "finalistas" para proyectos determinados y solo aliviarán temporalmente el problema.

Uno de los sectores más afectados por la morosidad de las administraciones es el de servicios urbanos. El presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón, denunció recientemente la "indefensión" de las empresas de saneamiento y auguró un incremento de la conflictividad laboral en el sector. Otros sectores afectados son el constructor, el de suministros hospitalarios y el de servicios de jardinería.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios