El futuro de la fábrica granadina de Dhul está un paso más cerca de estar garantizado. Casi un año después de que el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada declarara el concurso de acreedores de la compañía, apartando a la familia Ruiz Mateos de la administración de la empresa, la fábrica de Dhul en la provincia está a punto de ver cómo finaliza el complejo proceso en el que se ha visto envuelta. Ayer, el juez de lo Mercantil de Granada, Blas Alberto González, autorizó la venta de la fábrica granadina a los directivos de la compañía cuya oferta, en la que también participan varios inversores de carácter financiero e industrial, fue la única que llegó al final del proceso tras la retirada de la compañía asturiana Reny Picot.

La fábrica granadina de Dhul pasará así a formar parte de la nueva sociedad Dulces y Postres de Granada, que podrá seguir utilizando la marca comercial. Según el auto judicial, la oferta económica presentada por los directivos de la compañía supera los 21,8 millones de euros.

De ellos, 16,9 se destinarán a la adquisición de los activos de la unidad productiva (la fábrica, la maquinaria, los elementos de transporte, el inmovilizado material y las existencias, entre otras cosas) y a la puesta en marcha de una reestructuración laboral "para dotar de viabilidad a la nueva empresa". Esta reforma conllevará, según el auto, un Expediente de Regulación de Empleo extintivo para 48 trabajadores y la reconversión en fijos discontinuos de otros 41 empleados de la fábrica granadina. Además, los ofertantes destinarán otros cinco millones de euros a la financiación de circulante para la nueva sociedad para el pago a proveedores y a la plantilla.

Además, la oferta presentada por los directivos y sus socios estratégicos abre la puerta a la participación de los trabajadores de la fábrica granadina. Aunque el 88% del capital social total de la nueva compañía quedará en manos de los socios financieros e industriales, los empleados de Dhul asumirán el restante 12% con la siguiente distribución: los directivos de la compañía se quedarán con el 11 o el 11,5% del capital, ofreciendo la posibilidad al resto de los trabajadores de suscribir entre el 0,5 y el 1% restante.

La autorización de la venta de la unidad productiva de Dhul llega después de que los administradores concursales valoraran detenidamente la única oferta presentada. En su informe, los administradores de la compañía aseguran que, aunque la oferta resulta "insuficiente" desde el punto de vista económico, su aceptación es totalmente recomendable si los compradores son capaces de cumplir una serie de requisitos previos.

Para empezar, la administración concursal exige que los ofertantes acrediten la aprobación, por parte de las entidades financieras, de la subrogación de la nueva sociedad en el préstamo con garantía hipotecaria y en los leasings. Además, esperan que puedan acreditar su solvencia, su capacidad para desembolsar los cinco millones de euros destinados a circulante y los 1,5 millones vinculados a la reestructuración de personal.

Estas condiciones son asumidas por el titular del Juzgado de lo Mercantil, que, siguiendo la recomendación de los administradores concursales, expresa en el auto su "confianza en el proyecto de los profesionales granadinos y sus compañeros financieros de viaje, que ofrecen salvar unos 200 puestos de trabajo y no destruir aún más el tejido industrial". Por ello, Blas Alberto González autoriza en el auto la venta propuesta. Sin embargo, "tratando de que la confianza sea racional y no ciega", el juez impone unas condiciones -en línea con las planteadas por los administradores- para que la autorización sea efectiva.

Los compradores, por tanto, tendrán que 15 días naturales para acreditar la constitución en forma de la sociedad Dulces y Postres de Granada, así como su disponibilidad de capital social o su acceso a la financiación que exigen los pagos comprometidos para el circulante y la reestructuración de personal. También exige que se acredite la subrogación por parte de las entidades financieras de la hipoteca y los leasings. Y, por último, obliga a la nueva sociedad a hacerse cargo del Expediente de Regulación y de la reconversión laboral.

La autorización de la operación de venta, sin ser ideal, es la única opción viable para garantizar la supervivencia de la fábrica granadina, según refleja el auto judicial. Sobre todo, porque la alternativa sería el cierre de la unidad productiva y la desaparición de sus casi 300 puestos de trabajo. "Tras un proceso de venta competitivo, al que concurrieron varios interesados, el mercado ha dejado tan solo a uno de los ante las puertas de la concursada", explica en el auto el juez de lo Mercantil. Porque, pese a que, como adelantó Granada Hoy, en principio la asturiana Reny Picot estaba interesada por la fábrica de Dhul, finalmente decidió retirar su oferta el pasado 15 de febrero.

Desaprovechar esta oportunidad, según González, podría tener consecuencias funestas. "De descartarse esta venta, la consecuencia legal sería la disolución legal de la compañía y la consecuencia económica una reducción de precios y, en el corto plazo, la proyección al mercado del fracaso de la venta y el consiguiente efecto negativo sobre la percepción que proveedores y clientes tienen de la empresa". En ese caso, sería "razonable pensar en un cierre del establecimiento y un cese de la actividad".

Una vez que se cumplan las condiciones exigidas, el futuro de la empresa estará en manos de la nueva sociedad. "El éxito o el fracaso dependerá de los nuevos propietarios", aseguró el juez a este periódico.