El Ministerio de Vivienda ha enviado una carta y un sms a 8.000 beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación (RBE) comunicándoles que, según la información remitida por la Agencia Tributaria a este departamento, superaron en 2008 los 22.000 euros anuales de ingresos brutos, requisito fundamental para recibir la ayuda al alquiler de 210 euros, por lo que deben devolver dicha ayuda.

Para comprobar que siguen cumpliendo con el requisito legal y objetivo de no superar los 22.000 euros de ingresos brutos anuales, el Ministerio ha consultado a la Agencia Tributaria cuántos beneficiaros superaron ese límite según su declaración de la renta de 2008. Este control se repetirá para los ingresos percibidos en 2009 y sucesivos. Al mismo tiempo, el Ministerio se lo ha comunicado a las comunidades autónomas para que den trámite de audiencia a los afectados y verifiquen cuál fue su nivel de ingresos. El Ministerio ha suspendido cautelarmente el pago de la ayuda a los jóvenes (en los casos en que aún estuviera activo el derecho pues otros casos están ya extinguidos) y asegurar así que sólo reciben la RBE quienes tienen derecho a ella.

Vivienda indica que tras citar a los afectados, cada comunidad tendrá ahora que comprobar quiénes superaron efectivamente el límite de 22.000 euros, y en caso positivo, emitir una resolución retirándoles el derecho a las ayudas. Es la administración regional, como órgano competente para el reconocimiento del derecho, la que ha de realizar todas las comprobaciones necesarias. A partir del momento en que al joven se le reconoce el derecho a percibir la ayuda y empieza a cobrarla, el Ministerio de Vivienda realiza, cada mes, comprobaciones para ver que esté al día en el pago de su alquiler y que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Para tener derecho a recibir esta ayuda el joven ha de disponer de una fuente regular de ingresos que le reporte unos ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros. Además, señala que el beneficiario tiene la obligación de comunicar inmediatamente ante su comunidad autónoma cualquier modificación de los requisitos.

Para el PP es la evidencia del "caos" en el ministerio

El portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Pablo Matos, considera que el hecho de que 8.000 beneficiarios tengan que devolver las ayudas recibidas en 2009 evidencia el "caos" que reina en el Ministerio de Vivienda. Matos aseguró que muchos de estos jóvenes superan el umbral de los 22.000 euros anuales de ingresos brutos por las horas extra realizadas, por las indemnizaciones por despido o por gratificaciones empresariales, algo que, a su parecer, debería haber previsto el Ministerio de Vivienda.

Según Matos, la exigencia del Departamento que dirige Beatriz Corredor pone a muchos jóvenes "en riesgo de quedarse en la calle", a pesar de que muchos sí estén cumpliendo en estos momentos los requisitos que se piden para acceder a la renta básica. Además, comprendió la indignación de algunas comunidades autónomas que tienen que tramitar la devolución de las ayudas cuando el Ministerio de Vivienda se reservó el pago de la misma para que los jóvenes supieran que la ayuda se la facilitaba el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Consejo de la Juventud, en contra de la devolución

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha criticado que el Ministerio exija la devolución y considera "fundamental" que desde las administraciones públicas se fomente y apoye a los jóvenes a la hora de emanciparse. Asimismo, ha indicado que cerca del 40 por ciento de los jóvenes menores de 35 años todavía viven en el núcleo familiar y las cifras de paro juvenil también están próximas al 40 por ciento, una situación que duplica la media de la Unión Europea. "Estas dificultades sumadas a los altos niveles de precariedad que sufren los jóvenes en el ámbito laboral, hacen realmente complicado o imposible la viabilidad de realizar un proyecto de vida independiente para los jóvenes", ha apostillado.

Por ello, insiste en "apoyar todas las ayudas y medidas que promuevan y faciliten a los jóvenes la posibilidad de emanciparse" y lamenta que las medidas de reducción del gasto por parte de la administración afecten a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. El CJE advierte de que "es una medida inadecuada y fuera de lugar", a la vez que exige a la administración que "estudie todos y cada uno de los casos de los jóvenes que deben realizar esta devolución y considere los casos con la flexibilidad y comprensión adecuada para un colectivo que sufre tantos problemas para emanciparse".