Se buscan 36.500 millones

  • El ahorro que España necesita supera con mucho al presupuesto de la Junta, es el doble del fraude fiscal estimado y equivale al gasto en parados y políticas de empleo del Estado

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La tarea es hercúlea. Baste un dato: el Estado prevé que en 2011 aumente el gasto en pensiones en 3.900 millones de euros, y eso a pesar de que, con excepción de las mínimas, están congeladas. El ahorro de 1.500 millones motivado por este concepto queda compensado largamente por la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema. La subida lineal inicial del 1% que prevé Rajoy implicaría, con la base del presupuesto en vigor, un incremento de 1.122 millones. Y ese sería sólo el punto de partida.

Algo más de mil millones equivale precisamente al 0,1% del PIB. Como dijo Rajoy, para bajar del 6% de déficit público previsto para este año al 4,4%, el objetivo de 2012, las administraciones públicas deberían ahorrar 16.500 millones. Será, seguro, más dinero. Por cada décima de desviación habría que sumar los mil millones y pico correspondientes. Eso supone que si, como ya anticipa el propio Gobierno, se alcanza el 8% el ahorro debería ser de 36.500 millones, aunque organismos de estudios como Funcas elevan esta cifra hasta los 40.000 millones. El viernes fueron 8.900 millones en recortes y 6.475 mediante subidas de impuestos. 15.245 en total. Quedan 24.755.

El ahorro mínimo (16.500 millones) equivale a todas las provisiones de las entidades financieras frente al deterioro de los activos; es algo más que todos los beneficios de la banca de 2010; y un poco menos del volumen total de las exportaciones andaluzas. Es más del doble del gasto en I+D del Estado. Y equivale al presupuesto de todos los ayuntamientos de Cataluña y Andalucía juntos, y aún faltarían 1.500 millones. Rogelio Velasco, profesor del Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, afirma que el grueso del recorte "corresponderá a autonomías y ayuntamientos", sobre todo en entes públicos que se desarrollaron al calor del boom económico y que ahora han perdido su sentido. "Las delegaciones de urbanismo se han quedado sin trabajo; en la EPSA (empresa pública de suelo de la Junta) hay mil y pico personas cruzadas de brazos; la actividad en la que trabajan se ha desplomado". Se trata, explica, de escarbar en aquellas áreas donde el impacto sobre la actividad económica sea menor. "Fuera de la educación y la sanidad, hay mucho margen para reducir sin que eso signifique un impacto grave en la actividad económica, más allá de que se quede gente en el paro y eso afecte al consumo". Velasco sostiene que el Estado central se ha reducido tan al mínimo que ahí apenas hay margen para recortar más. "En Exteriores, España tiene 1.000 diplomáticos, Francia y Reino Unido cuatro veces más y Holanda casi el doble; y en Defensa tenemos uno de los presupuestos más bajos del mundo", ejemplifica. Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla cree, sin embargo, que aun con escasa capacidad de maniobra, el Estado está abocado a recortes inmediatos, "en inversión pública, en las transferencias a las comunidades autónomas y en la retribución de los funcionarios". A medio plazo, dice, sí habría que abordar "el enorme gasto disperso de pequeña magnitud, desde los consejos consultivos, los medios de comunicación, las subvenciones de todo tipo, hasta los gastos generales, y un largo etcétera", afirma. Y añade: "En el caso andaluz, habría que reformar políticas de bandera como el Infoca, enajenar activos y suprimir empresas públicas hoy agenciadas".

Si el recorte fuera de 20.000 millones, eso se aproximaría a todo el fraude fiscal anual estimado, a lo que se recauda anualmente por el impuesto sobre la gasolina y el gasoil, o a todos los ingresos por turismo reflejados en la balanza de pagos. ¿Le tocará a la sanidad o la educación? La respuesta de Joaquín Aurioles, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Málaga, es clara. Todo quedará incluido. "A todos nos afectará en el día a día, porque habrá recortes en la cantidad y calidad de los servicios públicos (educación, sanidad, asistencia social…). Afectará también a las inversiones públicas, lo que repercutirá negativamente sobre la productividad y la eficiencia productiva. Los más perjudicados serán los que trabajan para las administraciones públicas, sobre todo funcionarios, pero no sólo. También las empresas de contratas de servicios con las administraciones. Desde luego, hay que descartar que éstas financien eventos culturales, sociales o deportivos".

En educación, Velasco apunta al ensayo de Madrid de aumentar horas lectivas de los profesores; y en sanidad Salgueiro propone "modificar el sistema de retribución de los sanitarios, porque descansa en exceso en complementos (guardias)" y la "distribución de los centros abiertos durante la noche o fines de semana en pequeñas poblaciones".

Ningún ámbito se salvará. Y será peor si el ahorro tiene que ser mayor. 25.000 millones equivalen a todas las importaciones de petróleo este año, a los ingresos corrientes de la Junta previstos para 2012 y a algo menos del gasto en personal del Estado. 30.000 es el gasto anual en desempleo, algo menos del presupuesto andaluz para 2012 y algo más de lo que España paga solamente por el interés de su deuda. 40.000 millones puede ser el incremento de la deuda pública en 2012 (su volumen total supera a los 700.000 millones) si el crecimiento se reduce a la mitad, y 40.000 millones es, también, el saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente, la diferencia entre lo que los españoles gastan y lo que producen. 40.000 millones es, por último, el límite del crédito que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para España en caso de contagio. ¿Casualidad?

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