Las entidades financieras reforzarán su capital principal con 30.000 millones de euros después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer un Decreto Ley por el que se modifican los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) con el fin de que sigan manteniendo la condición de capital de máxima calidad tras la aplicación de la normativa sobre solvencia Basilea III.

"La banca española tiene 70.000 millones de euros de DTA, de los que 50.000 millones se han generado en España. Con el cambio de la normativa, aproximadamente un 60% de estos 50.000 millones se van a seguir poder manteniendo como capital de la máxima calidad", afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, que recalcó que esta operación no es "un préstamo a la banca".

Las nuevas normas internacionales perjudicaban especialmente a la banca española, dado que impedían expresamente que las entidades puedan contar como capital unos 50.000 millones que les debe el Estado. Los DTA son meros apuntes contables que se han generado con el paso de los años, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades.

El caso más frecuente con el que la banca española ha generado activos fiscales es con las provisiones para cubrir pérdidas futuras de la cartera crediticia, pero también con las prejubilaciones y planes de pensiones de la plantilla en el momento en el que apartan el dinero que tendrán que abonar a sus empleados. Sin embargo, como no pueden apuntarse estas partidas desde un primer momento como gastos, pagan más impuestos de los que les correspondería y ello les genera un crédito fiscal que pueden recuperar en un plazo de hasta 18 años.