El Gobierno está dispuesto a cambiar la legislación cuanto antes para que las grandes empresas con beneficios, como es el caso de Telefónica, asuman las prestaciones por desempleo de las prejubilaciones que provienen de despidos pactados -gastos que ahora asumen las arcas públicas-.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que hay dos proyectos legislativos en marcha -la reforma de las pensiones y la de las políticas activas- que deben aprovecharse con el fin de que "no tarde demasiado" el cambio en la ley que rige las prejubilaciones. "Hay instrumentos suficientes para poder aprovechar el tiempo y que no tarde demasiado este tipo de reformas", dijo.

Según Gómez, cuando una empresa tiene "suficiente tamaño", un "nivel alto de beneficios" y presenta un expediente de regulación de empleo (ERE) que implica despidos con consumo de paro, la empresa "debe contribuir a disminuir el gasto y pagarlo".

El ministro de Trabajo insistió en que despedir de forma pactada con los trabajadores es un derecho que existe, pero dijo que cuando se trata de empleados que no van a buscar activamente empleo -como es el caso de las prejubilaciones-, la compañía debe asumir las cargas del sistema de prestaciones.

Señaló que esta medida intentará ser pactada con los agentes sociales para discutir detalles como a partir de qué número de trabajadores se impondrá la norma o cuál será el volumen de ganancias que servirá como referencia. Y pidió al PP se sume a la iniciativa legislativa que presentará el PSOE, como enmienda, a algunos de los dos proyectos laborales que se tramitan en el Congreso.

El ministro reconoció que Telefónica podría verse afectada por la modificación legal que prepara el Gobierno, ya que reúne las características que el Ejecutivo está perfilando. A priori, estimó, "Telefónica sí entraría dentro de esas condiciones". Así, la compañía presidida por César Alierta tendría que costear el gasto en prestaciones de parte del 20% de la plantilla en España que prevé recortar en un periodo de tres años.

Gómez no dudó en señalar que el Gobierno "no está de acuerdo" con los planes de la compañía "por dos razones". En primer lugar, porque se hace coincidiendo con un plan de bonus "multimillonarios" para sus directivos, algo que consideró impropio de una empresa "socialmente responsable". Y en segundo término porque los trabajadores afectados "no van a tener una búsqueda activa de empleo".

En este contexto, el ministro de Fomento, José Blanco, quiso desvincular el encarecimiento de las prejubilaciones planteado por el Gobierno del plan de recorte de empleo de Telefónica. "Esta reflexión no surge como consecuencia del ERE de Telefónica, sino como una decisión y determinación que tenía el Ejecutivo encima de la mesa dentro de un proceso de reformas que son importantes para nuestro país", matizó.

Ambos ministros se felicitaron, asimismo, de que, pese a las críticas, el partido presidido por Mariano Rajoy se haya mostrado a favor del cambio legislativo. "Me alegra mucho que el PP esté dispuesto a apoyar al Gobierno", señaló el titular de Trabajo.

No obstante, Gómez recordó al PP que Telefónica aplicó un ERE con miles de despidos a partir del año 2000, cuando gobernaba José María Aznar, y "absolutamente nadie pidió explicaciones". Respondió con estas palabras al coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, que pidió su comparecencia en el Congreso para que explicara "sus actuaciones en relación con el ERE de Telefónica y en concreto la autorización de prejubilaciones en el contexto de la tramitación de la reforma del sistema de pensiones". A juicio del partido de la oposición, es "paradójico" que el Gobierno impulse la jubilación a los 67 años y al mismo tiempo se estén comprometiendo prejubilaciones en empresas que son muy importantes para la economía española.

El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, abogó por modificar el Estatuto de los Trabajadores y recuperar el Impuesto de Sociedades para impedir que empresas como Telefónica recorten empleo a través de los ERE y las prejubilaciones. Así, hizo un llamamiento al Gobierno para que no apruebe "en ningún caso" el ERE de la multinacional, al que calificó de "inaceptable".