Economía

El fiscal pide cinco años de cárcel para Felipe Benjumea por su indemnización

  • El Ministerio Público solicita más de cuatro años para el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega

  • Los consejeros que autorizaron los pagos se enfrentan a una pena de tres años y medio

Manuel Sánchez Ortega y Felipe Benjumea posan en la bolsa de Nueva York en el debut de Abengoa en Wall Street en octubre de 2013.

Manuel Sánchez Ortega y Felipe Benjumea posan en la bolsa de Nueva York en el debut de Abengoa en Wall Street en octubre de 2013. / zef nikolla / efe'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita cinco años de prisión para el ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea y cuatro años y tres meses para el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por un presunto delito de administración desleal al cobrar indemnizaciones millonarias por dejar la empresa poco antes de que solicitara el preconcurso de acreedores.

La causa fue concluida de instruir el pasado 13 de enero por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que también sienta en el banquillo a otros tres ex consejeros de la compañía, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que integraban la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que autorizó los pagos. El fiscal José Perals pide tres años y medio de cárcel y el pago de una multa de 36.000 euros para cada uno de ellos. Precisamente, Fornieles presidió la compañía entre marzo y noviembre del año pasado.

Los ex directivos no reunían los requisitos para cobrar las pagos según la Fiscalía

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que Sánchez Ortega indemnice a Abengoa con 4,48 millones de euros en caso de ser condenados. A Benjumea, Fornieles, Velarde y Gracia, el fiscal les reclama una indemnización conjunta y solidaria de 11,48 millones.

Según concluyó la investigación judicial, en el año 2015 se aprobaron unos pagos por cese anticipado de 4,4 millones de euros, en el caso de Sánchez Ortega y de 11,4 millonespara Benjumea. Esta indemnización no estaba contemplada "en contratos anteriores y tampoco era preceptivo que se incluyeran en los nuevos contratos mercantiles", según el relato del fiscal.

El escrito de la acusación reproduce las cláusulas de los contratos firmados por ambos directivos el 23 de febrero de 2015. Los acuerdos incluían una bonificación por permanencia de siete millones de euros y otras indemnizaciones por otros conceptos como "obligación de no competencia poscontractual" o "por cese anticipado", que contemplaban el pago de hasta 11,4 millones para Felipe Benjumea. Idéntico contrato firmó Sánchez Ortega aunque con una cantidad algo inferior en lo referido a la bonificación por permanencia.

El fiscal añade que ninguno de los dos directivos reunía los requisitos para recibir dicha bonificación por permanencia, que ascendía a siete millones de euros. El Ministerio Público considera que el cese de Felipe Benjumea como consejero "se debió a su exclusiva voluntad" pese a tratarse de aparentar que era una condición impuesta por los bancos.

"Las sucesivas y precipitadas reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión Nombramientos y Retribuciones, así como la carta de renuncia de Felipe Bejumea únicamente alcanzan sentido desde el entendimiento de que a través de ellas se encubrió lo que realmente fue una salida voluntaria de Felipe Benjumea", señala el fiscal en su escrito.

La acusación añade además que el primer ejecutivo de Abengoa entre 1990 y 2015 no quedó desvinculado de la compañía. En la misma sesión del Consejo de Administración fue nombrado "consejero dominical y presidente no ejecutivo" y por ello se propuso la firma de un contrato de asesoramiento con una retribución de 1,08 millones de euros brutos anuales.

El fiscal Perals cuestiona también las indemnizaciones por confidencialidad contractual. En su opinión, ni Benjumea ni Sánchez Ortega precisaban asegurarse una estabililidad económica tras la extinción del contrato, "evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo, ya que en ambos casos se acordó que los dos mantendrían la parte fija de su remuneración bruta anual". El Ministerio Público añade que ambos cobraron las cantidades señaladas cuando la compañía "ya atravesaba una grave crisis y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos financiadores y aseguradores de la ampliación de capital de la sociedad". Todas estas circunstancias eran conocidas por los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que también se sentarán en el banquillo de los acusados.

Para la vista oral, el fiscal propone como pruebas el interrogatorio de los acusados y la declaración de una serie de testigos. Entre ellos se encuentran el ex ministro socialista y ex consejero de Abengoa Josep Borrell, el ex presidente de la compañía José Domínguez Abascal y el ex consejero delegado de la compañía Santiago Seage.

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