La losa de ser autónomo en un país que los ignora

  • Los cierres se multiplican, las reformas no llegan · Se sienten abandonados por un Gobierno al que ya no esperan

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A su manera, Robin Hood generaba riqueza redistribuyéndola. Fue el primer autónomo de Sherwood. El Llanero Solitario, ese ranger enmascarado, también se lo cocinaba solo con tal de repartir justicia -y balas- en la resquebrajada tierra de Texas. Ambos actuaban sin el respaldo de la autoridad, por su cuenta y riesgo, aunque de su salud dependiera el bienestar del microcosmos colindante. Salvando las parábolas y las distancias, los trabajadores por cuenta propia viven hoy en España una situación casi calcada. Su suerte enlaza con la del resto porque son el gran bastidor del tejido empresarial patrio. Si ellos sufren, los demás también. La crisis los ha destrozado: en Andalucía, este colectivo registró en 2009 un saldo penoso en el flujo altas-bajas: 20.387 personas menos inscritas en la Seguridad Social -152.544 en España-.

Sin una voz en las mesas del diálogo social -legalmente, ni la CEOE ni Cepyme deberían representarles-, los autónomos exigen rebajas fiscales inmediatas porque recuerdan que aún se les grava con impuestos provenientes de los tiempos de bonanza. Quieren también que la Administración les pague en tiempo y forma. Y necesitan, sobre todo, dinero fresco, préstamos que les permitan aguantar unos meses más sin la amenaza del cerrojazo.

Mª Carmen Gallardo, cordobesa de 47 años, es incapaz de evitar que su voz, trémula y apagada, ilustre un estado de ánimo a la baja que se extiende como una plaga. Su historia, resume, es una especie de sueño americano a la española sin final feliz. "Cuando me divorcié, se me ocurrió la brillante idea de un centro de planchado pensando en la problemática de las amas de casa", comienza. "Como me iba bien, dos años después, tras ver Planes de Boda (la película de Jennifer López), monté un negocio de trajes de novia. Empecé a pedir créditos, abrí una tercera tienda y ahora me veo desamparada", resume angustiada. Con la recesión, la inevitable curva descendente: despidos, dificultad para asumir cotizaciones y tributos y una batalla permanente con la Administración y los bancos para obtener algún préstamo (sólo le ha arrancado uno al ICO). "Pero es que encima nos suben los impuestos. Cuando el IVA pase en julio al 18%, temblaré. Parece que en el fondo les interesa tener a la gente en el paro".

José María y Manuel Díaz, padre e hijo, regentan una pensión y un restaurante en el distrito Macarena (Sevilla). "El autónomo es la base del trabajo en este país, no me arrepiento de serlo, pero tenemos menos clientes que además miran mucho más los precios. A cambio, los proveedores nos lo suben todo y los negocios van cayendo", ilustra Manuel. "Estamos igual que el año pasado, y encima la lluvia lo empeora todo". Lluvioso y gris lo ve también Francisco Javier Benítez, jerezano y camionero. "Me han despedido por respetar los límites de velocidad y horas conducidas que marcan los tacógrafos; ellos querían que hiciera más, que corriera. El caso de mi hermano es peor: la mitad del sueldo se la dan a 90 días sin pagarés, con lo que el hombre pone de su bolsillo 4.000 euros de gasoil por cada 10.000 kilómetros. Así, uno hace de banco", protesta.

El mundo académico apunta algunas soluciones. Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo, resume su decálogo: "Sería oportuno materializar en la práctica un funcionamiento más ágil de las administraciones cuando imponen trámites y controles para la puesta en marcha de una nueva iniciativa empresarial. A tal efecto, sería imprescindible materializar la idea tan interesante pero nunca articulada de la ventanilla única. Es importante una generalizada supresión de las autorizaciones administrativas, avanzando más allá de lo exigido por la transposición de la Directiva comunitaria de servicios, de modo que se imponga como regla general el mecanismo de la declaración responsable en lugar de las autorizaciones administrativas", sugiere. "Para ciertas actividades -añade- se podría establecer una prestación social o ayuda económica desde la Administración Pública a quienes suspendan su actividad por cuenta propia por causas objetivas y debidamente acreditadas".

Clara Ruiz, de F&J Martín Abogados, propone "avales públicos, bien individuales ante entidades financieras, o colectivos como los que tienen los fondos de titulización de activos de préstamos de pymes, que generarían liquidez para entidades financieras a partir de préstamos ya concedidos. Esa liquidez se invertiría obligatoriamente en el colectivo". Otro catedrático -esta vez de Economía-, Gumersindo Ruiz, opina que sería necesario fomentar la asociación de autónomos "no sólo para tener más fuerza interlocutora, sino para dotarse de herramientas como, por ejemplo, el acceso al crédito".

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