La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no renuncia a que el Gobierno atienda su petición de rebajar las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social e insiste en que esta medida, que debe adoptarse con carácter "inmediato", es "imprescindible" para fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo. Así lo plantea la organización empresarial en el borrador de propuestas para el Plan Nacional de Reformas 2015 que ha elaborado a petición del Gobierno.

Pero la rebaja de cuotas empresariales no es la única propuesta en el plano "fiscal" que hace la patronal en este documento. La CEOE ve "urgente" la necesidad de coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como en la supresión de "muchos" impuestos autonómicos, la mayoría de carácter medioambiental. La patronal denuncia que estos tributos, creados en los últimos años, "están provocando una verdadera ruptura del mercado interior y comprometiendo la competitividad y viabilidad de los sectores productivos a los que afectan".

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, la CEOE subraya que algunas de las medidas adoptadas en la reforma de este impuesto, como la limitación de gastos de publicidad y de los intereses deducibles y las provisiones por depreciación de activos, "ahondan en la separación, cada vez más acusada, entre resultado contable y base imponible". La patronal aboga por "reconsiderar" el diseño de este tributo para que la base imponible se equipare al máximo al resultado contable, "que es el mejor indicativo de la capacidad económica empresarial".

Para la CEOE, una manera eficaz de luchar contra el fraude fiscal sería la de reducir la "excesiva complejidad" del sistema tributario y sus cargas administrativas. En su opinión, las medidas anunciadas por el Gobierno para combatir el fraude en el marco de la nueva Ley General Tributaria (lista de morosos y modificación de las facultades de la inspección tributaria son "insuficientes".

En este punto, la CEOE apuesta por complementarlas mediante la mejora de las fórmulas de colaboración con la Administración para reducir la "excesiva litigiosidad", introduciendo un procedimiento de arbitraje en el ámbito tributario.