Hasta 17 veces entre 1977 y 2011 ha retocado el Gobierno, acompañado o no por los agentes sociales, el marco laboral español. La premisa siempre fue obvia: modificar para pulir, para mejorar, para aproximar al país a un entorno, el europeo, donde nadie nunca ha padecido, de manera tan bestialmente estructural, el problema del paro, esa mancha que ensombrece hasta anularlas algunas virtudes nacionales.

Proclamar una relación causa-efecto entre las reformas y la dinamización del mercado es cuando menos arriesgado. Entre el 27 de octubre de 1977 y el 5 de enero de 1980 se ratificaron los acuerdos económicos de La Moncloa, se sentaron las bases del Estatuto de los Trabajadores y se pactó moderación salarial a cambio de jornadas reducidas, movimientos que no evitaron el engorde del INEM, que pasó de contabilizar 710.800 parados en el tercer trimestre del 77 a contar con 1.829.000 cuatro años después [ver gráfico].

El termómetro de la EPA determina que España ha superado la barrera del 20% de paro en once ocasiones (siempre tomando como referencia los cuartos trimestres de cada año). Hubo tres periodos negros: entre 1984 y 1986; desde 1992 hasta 1997; y a partir de 2010. Esta última es una etapa inconclusa que el país tardará en enterrar. Con 5.273.600 parados a cierre de 2011, no son pocas las voces que bisbisean el siguiente capítulo del desastre, los seis millones, la cima del oprobio, cuando acabe el año.

El 9 de octubre de 1984, el Ejecutivo socialista, la CEOE y UGT acordaron dar rienda suelta a la temporalidad, permitiendo esta modalidad contractual en puestos de naturaleza permanente aunque con un tope de 36 meses. El mercado laboral pareció aceptar la solución con efecto retardado: en el primer trimestre de 1985, España arrastraba la losa de tres millones de parados, una cifra casi exacta a la de tres años después . Sólo a partir de 1989 se produciría una modesta remontada (2.772.200 desempleados).

1992, el año de los Juegos de Barcelona y la Expo y de dos esperpentos de la historia del diseño (Curro y Cobi), marca de hecho el arranque de la etapa más siniestra. El Gobierno de Felipe González aprobaba el 23 de abril un ambicioso decreto multidisciplinar cuya hoja de objetivos incluía acabar con el fraude, rebajar las prestaciones, potenciar la formación profesional y reorganizar el sistema de incentivos a las empresas que contratasen a parados de difícil recolocación. Ese año, la EPA zanjó cualquier duda sobre la eficacia del plan: 3,1 millones de parados y una tasa del 20,03%, la peor desde 1986. En 1993, la cosa empeoró: 3.817.000 parados (23,83%). Y en 1994, el país marcó su récord negativo con una tasa del 23,90% y una factura social de 3.856.700 damnificados que desencadenó la reforma más radical (nuevas causas de despido; movilidad geográfica por razones técnicas; contrato de aprendizaje).

España tardaría un lustro en bajar de los tres millones, y lo haría bajo la tutela de José María Aznar, que acabaría despidiéndose de la primera línea política en 2004 con un saldo notable: 2.159.400 parados y una tasa del 10,56%. Durante su mandato, un hito: el 28 de abril de 1997 firmó con los agentes sociales el Acuerdo para la Estabilidad del Empleo y la Negociación Colectiva. De aquel clima de entendimiento brotó el abaratamiento de la contratación fija y la aparición de los contratos con 33 días de indemnización por año trabajado (frente a los de 45, que aún predominan).

Derrotado Mariano Rajoy en las elecciones de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero llegó, vio y besó la estampa de la herencia recibida. El 9 de mayo de 2006 se atrevía con su primera experiencia reformista y lo hacía en los términos soñados por cualquier teólogo del laboralismo: sellando con patronal y sindicatos un pacto contra la temporalidad, rebajando las cotizaciones y ampliando de dos a cuatro años el periodo en que las empresas podían recibir incentivos a la contratación. España despidió el año con la radiografía más brillante hasta la fecha: 1.810.600 parados (3,5 millones menos que hoy) y una tasa del 8,30% (Alemania, por ejemplo, ronda actualmente el 7%).

La mirada del presente se posa sobre Rajoy y su equipo económico -De Guindos, Montoro, Báñez-. Todos esperan su anunciada reforma. El PP la vendió como el principio del fin de esta monumental pájara. La vendió, de hecho, como un milagro. Pero los milagros, en economía, casi nunca existen. Palabra de EPA.