Consejo de ministros

Las sanciones a las CCAA por déficit excesivo dependerán de la reincidencia y gravedad

  • Todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto previo a sus presupuestos, así como informar sobre su endeudamiento, inversiones de empresas públicas y gastos fuera del presupuesto.

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El control del déficit público es la prioridad del Gobierno, y por eso este viernes ha decidido obligar a las CCAA a establecer un techo de gasto antes de aprobar sus presupuestos, además de asegurarse el cumplimiento de los objetivos de estabilidad a través de sanciones y medidas correctoras. De este modo se avanzará hacia el objetivo de la reforma constitucional del pasado verano para que el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020 sea del 0,4 por ciento, y la deuda no supere el 60 por ciento del PIB.

El Consejo de Ministros ha estudiado el anteproyecto de la norma orgánica que desarrollará el contenido de dicha reforma, pactada por PP y PSOE, y que se va a denominar Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas. Pese a que estarán obligadas a aprobar un techo de gasto la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha querido dejar claro el respeto hacia la autonomía de las regiones al recordar que después cada cual decidirá cómo se distribuyen sus partidas presupuestarias.

Si durante la ejecución del presupuesto se incurre en alguna desviación, siempre que no sea resultado de una situación tan excepcional como una catástrofe natural, el anteproyecto prevé "mecanismos correctores" que actuarán de manera "cuasi automática". En caso de desviación del objetivo de estabilidad presupuestaria respecto a los límites establecidos el objetivo deberá contemplar, siguiendo la normativa comunitaria, una reducción mínima anual del 0,5 por cien del PIB para el conjunto, que se distribuirá en función de la administración pública responsable.

En lo que se refiere a la fijación del objetivo de deuda pública se tendrá en cuenta el volumen alcanzado en el ejercicio anterior. Si se exceden los límites establecidos, se deberá garantizar una senda de reducción, siguiendo la normativa comunitaria, de al menos una veinteava parte anual de la desviación. Además, en función de los baremos de gravedad o reincidencia que establezca el Ejecutivo se definirán las correspondientes sanciones, aún por determinar. "Ante la Unión Europea se responde como un solo país. Por eso la Ley va a regular en un texto único la estabilidad y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones públicas", ha asegurado Sáenz de Santamaría.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha analizado el documento que los agentes sociales enviaron el martes al Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre los acuerdos alcanzados en materia laboral y que la vicepresidenta ha calificado de "insuficientes". Soraya Sáenz de Santamaría ha urgido a sindicatos y empresarios a que sigan negociando durante este fin de semana en materias "troncales" como la contratación, la flexibilidad de las empresas, la negociación colectiva o el absentismo.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los agentes sociales para "intentar fortalecer un acuerdo" ante la alta tasa de paro de España y ha subrayado que el Gobierno estará pendiente de la evolución de los trabajos y lo analizará el lunes. Aunque no ha querido "condicionar" las negociaciones con las iniciativas que podría tomar el Ejecutivo en materia laboral sí ha reiterado que es una decisión "firme" del Gobierno hacer una reforma del mercado de trabajo que "España necesita".

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