El sector ultima con la distribución un pacto para frenar el bajo precio del aceite

  • El borrador del acuerdo, aún no definitivo, prevé endurecer la ley para perseguir la venta a pérdidas y regular la subasta a ciegas · Todas las partes se comprometen a consensuar un contrato homologado

La presión del sector olivarero ante los bajos precios en origen del aceite de oliva comienza a surtir efecto. Todas las partes implicadas en la cadena de valor del producto han constituido un grupo de alto nivel, con el objetivo de consensuar un conjunto de medidas que frenen una espiral bajista que amenaza la supervivencia de miles de explotaciones en España. En las conversaciones participan, a instancias del Ministerio de Medio Ambiente, UPA, Asaja y Coag como asociaciones agrarias; Anierac, Infaoliva y Cooperativas Agroalimentarias como sector transformador y Anged, Aces y Asedas por la distribución.

Las conversaciones se encuentran muy avanzadas, y se espera que en una próxima reunión se ratifique el borrador de acuerdo que ya está sobre la mesa. En él se recoge, por ejemplo, el compromiso de la distribución para no utilizar el aceite de oliva como producto reclamo y un endurecimiento de la legislación que regula la venta a pérdidas. Las reformas de la Ley de ordenación del comercio minorista y de la Ley de competencia desleal podrían ir en el sentido de no usar la factura de compra como criterio único para establecer la venta a pérdidas. El precio en el punto de venta también contaría.

El esbozo de acuerdo contempla el reforzamiento de la inspección para combatir las prácticas abusivas; y una nueva regulación que controle más las subastas a ciegas (pujas a la inversa en las que la venta se realiza a la oferta inferior) y las dote de mayor transparencia. Según se refleja en el borrador, los agentes de la cadena se comprometen a no recurrir a este mecanismo en sus prácticas comerciales.

Buena parte de estas medidas se fían a la Ley de Calidad Agroalimentaria que prepara el Ministerio. La nueva normativa abordará la negociación colectiva de precios, cuya fórmula no especifica el borrador y que productores reclaman que se realice el marco de la interprofesional. También está prevista la implantación obligatoria del contratos homologados, aunque el borrador contempla la posibilidad de que éste se aplique incluso antes de la promulgación de la ley. Sólo hace falta que las partes implicadas se pongan de acuerdo en el marco de la interprofesional.

El borrador prevé controles de calidad en cada punto de la cadena realizados por los propios agentes, una conferencia sectorial con las autonomías para homogeneizarlos y reforzarlos, y un grupo de trabajo del Ministerio y las comunidades que unifique los criterios de inspección de las ofertas muy bajas, con información periódica aportada por productores, industriales y distribución.

Otra de las patas del documento es la promoción. La distribución se compromete a mejorar la identificación y diferenciación del producto en cuanto a categorías, denominaciones de origen, tipo de aceite, etc., y lanzará campañas de información al consumidor. Esto se debe hacer, según la distribución, atenuando la percepción de producto de lujo, un concepto que puede retraer el consumo.

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