La venta ambulante ha experimentado un importante crecimiento en Andalucía en los últimos años y se ha convertido en un subsector de gran relevancia dentro de la actividad comercial. Así, el último estudio realizado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte pone de relieve que está presente en todo el territorio y que engloba un total de 841 mercadillos con 38.688 puestos de venta, siendo Granada la provincia con un mayor número de mercadillos (185) y Málaga la que suma más puestos (7.310). Otro dato significativo es que del total de municipios andaluces, el 90% posee al menos un mercadillo, algunos de ellos, de gran importancia por su elevado número de puntos de venta, como los de Fuengirola (550), Sevilla (500), Granada (436), Jaén (387), Marbella (322), Cádiz (332) o Almería (319). En cuanto al número de profesionales, las inscripciones en el Registro General de Comerciantes Ambulantes llegan casi a 30.000.

Pero además de los aspectos cuantitativos, el comercio ambulante ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y a las necesidades de la demanda, apostando por la diversificación y aumentando las mercancías comercializadas y los cauces para su venta. La especialización experimentada por el sector también se demuestra al analizar el tipo de productos que son objeto de venta, si bien la mayoría son artículos de textil, calzado, confección y mercería, que son la oferta de más de la mitad de estos comerciantes.

REGULACIÓN

Andalucía fue pionera en España en aprobar una normativa para regular este tipo de actividad (Ley 9/1988, del Comercio Ambulante) con el objetivo de adecuarla a la realidad comercial e impulsar su profesionalización y especialización, dado que este régimen de distribución estaba empezando a ocupar un importantísimo lugar en conjunto de las transacciones comerciales.

A finales de 2009, entró en vigor el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva comunitaria relativa a los servicios en el mercado interior. Entre ellas, se adapta la citada Ley de Comercio Ambulante. La modificación introducida en esta materia supone la desaparición del doble requisito para poder realizar la actividad consistente: en primer lugar, en la inscripción obligatoria en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y obtención del carné profesional; y, en segundo lugar, en la autorización de cada uno de los municipios donde se realiza la actividad.

Ahora, la inscripción en el registro deja de ser un requisito obligatorio para ejercer la actividad y pasa a ser un acto voluntario para el comerciante, que le podrá suponer una serie de incentivos para el ejercicio de la actividad. Además, se mantiene la necesidad de autorización municipal previa, dado el uso de suelo público que se realiza y correspondiendo a los ayuntamientos su concesión.

La regulación de las condiciones y requisitos de las autorizaciones se completan con las competencias que en esta matera asumen los ayuntamientos. En este sentido, en la nueva redacción de la Ley se establece la obligación de que aquellos municipios que tengan mercadillos deben contar con una ordenanza para esta actividad con unas previsiones mínimas, a fin de que se pueda garantizar una ordenación uniforme que evite arbitrariedades y desigualdades por parte de cada ayuntamiento.

Con este fin, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha elaborado una reglamentación tipo que se ha enviado a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con el objetivo de que sea trasladada a los ayuntamientos y facilitar la labor de los mismos, ya que disponen de un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas sobre esta actividad.

Desde los primeros borradores de la modificación de la Ley de Comercio Ambulante, el Gobierno andaluz ha contado con los agentes socioeconómicos y han mantenido varias reuniones con las organizaciones representativas de este colectivo. La Junta mantiene en todo momento el diálogo abierto con los operadores económicos y confía en encontrar puntos de acuerdo con los mismos, ya sea a través de encuentros sectoriales con los comerciantes o a lo largo de la tramitación parlamentaria de la nueva normativa.