Más de 4.600 jueces están llamados hoy a secundar una jornada de huelga, convocada por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en protesta por lo que considera un incumplimiento de los compromisos del Gobierno y que no tiene el apoyo de las otras tres agrupaciones de jueces.

Se trata de la segunda huelga que vivirá la carrera judicial en su historia y sólo ocho meses después de la que se desarrolló el pasado 18 de febrero, convocada entonces por otras dos asociaciones: la Francisco de Vitoria, segunda en número de asociados, y el Foro Judicial Independiente.

Al igual que ocurrió entonces, para la jornada de paro de hoy no se han fijado servicios mínimos ya que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ejercicio del "hipotético" derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo.

La primera huelga de jueces fue secundado por un 35,58% de los magistrados en ejercicio, según los datos del CGPJ, cifra que los convocantes elevaron al 60%.

Junto a la APM, más de una decena de juntas provinciales de jueces han expresado su apoyo a esta medida de presión, entre ellas Málaga, Valencia, Castellón, Las Palmas, Ibiza, Zamora, Toledo, Murcia, Albacete, Guadalajara, La Coruña, Orense y Zaragoza. Por el contrario, hay casos como el de la Junta de Jueces de Madrid que ha evitado pronunciarse sobre el paro y ha llamado a la unidad a todas las asociaciones judiciales para mejorar la "crítica" situación de la Justicia.

El Ministerio de Justicia considera una "contradicción" que la APM convoque una jornada de huelga cuando ha admitido la existencia de "sustanciales avances" en la negociación para la mejora de la Administración judicial.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y responsable de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, subrayó ayer que es una "huelga ilegal" que responde a una "actitud desleal" y una "irresponsabilidad manifiesta" de la APM.

La portavoz adjunta de Justicia del PP en la Cámara Baja, Dolors Montserrat, explicó que su partido considera "inoportuna" esta huelga, teniendo en cuenta "que estamos en plena crisis" y sabiendo que el Gobierno y los grupos parlamentarios "han hecho un esfuerzo" para responder a las reivindicaciones de los jueces.

El portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, defendió, en declaraciones a Europa Press, la necesidad de encontrar "puntos de acuerdo" entre el Gobierno y los jueces, pero siempre teniendo en cuenta que la huelga "no es la salida", porque "encaja mal con la función jurisdiccional".