Anticorrupción pidió la imputación de Ruiz-Gallardón en el caso Lezo

  • El ex presidente madrileño y "su gente" controlaron, según la Fiscalía, la compra una sociedad por 70 millones más de su valor

Alberto Ruiz-Gallardón. Alberto Ruiz-Gallardón.

Alberto Ruiz-Gallardón. / J. C. Muñoz

La Fiscalía Anticorrupción pidió en noviembre de 2016 la imputación del ex presidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de un sociedad por parte del Canal de Isabel II, una operación que estuvo controlada por él o por "su gente".

Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez solicitaron al juez del caso Lezo en la Audiencia Nacional que imputara a Gallardón el 29 de noviembre, el mismo día en que, 15 años antes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la compra de la empresa colombiana Inassa.

Gracias a esta petición los fiscales pararon la prescripción del delito y en ella hacen un relato pormenorizado de los indicios contra Gallardón.

Esta operación la acordó el Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.

Según la Fiscalía, el soporte documental que se usó para su aprobación "fue cuando menos insuficiente" y todo apunta a que la "operación fue controlada por Alberto Ruiz-Gallardón o por su gente".

Esas acusaciones se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 a González con el ex ministro Eduardo Zaplana y con un abogado, en la que el ex presidente ahora encarcelado dice que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".

La petición de imputación que hizo la Fiscalía en noviembre de 2016 no fue atendida en ese momento porque el entonces juez de refuerzo de Eloy Velasco, Alejandro Abascal, consideró que la investigación debía llevarse aparte al no guardar relación con la trama montada por González cuando, años más tarde, llegó al Canal. La Fiscalía recurrió esta decisión de Abascal y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón a los fiscales en enero de 2017 y la compra de Inassa se incluyó en el caso Lezo. Cuando, tres meses más tarde, estalló la operación Lezo con la detención de González y otros, la investigación a Inassa enfrentó al entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, con los fiscales del caso, ya que Moix se negó a que se realizara un registro en Inassa alegando que se debía llevar en un asunto aparte.

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