LA CRISIS DIPLOMÁTICA DE GIBRALTAR | INSPECCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Bruselas da la razón a España al dictar que los controles son legales

  • La CE concluye que el dispositivo de Interior en la Verja no infringe la normativa comunitaria pero incluye recomendaciones sobre mejoras en el paso fronterizo para agilizar el tráfico

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Bruselas avala la legalidad de los controles en la Verja de Gibraltar. La Comisión Europea envió ayer cartas a las autoridades de España y del Reino Unido en las que asegura no haber encontrado pruebas para concluir que los controles sobre personas y mercancías practicados en el paso fronterizo de La Línea de la Concepción (Cádiz) infringen las disposiciones del Derecho de la Unión en esta materia. El Gobierno español está “satisfecho” con la conclusión y con el llamamiento a Madrid y Londres para que busquen “juntos” la manera de colaborar para luchar contra el contrabando. Para Moncloa, Bruselas ha dado un “espaldarazo” a sus tesis en el contencioso que tensó las relaciones entre España y el Reino Unido el pasado verano.

Los informes se basan en los datos recogidos por una delegación de inspectores de la Comisión Europea en una visita técnica que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre después de haber recibido durante los últimos tres años una serie de quejas, por parte principalmente del Ejecutivo de la colonia británica, relativas a los controles realizados por las autoridades españolas en la frontera con Gibraltar.

Bruselas considera “un reto” la gestión de este paso fronterizo debido a los fuertes volúmenes de tráfico en un espacio relativamente reducido y por el aumento de la introducción de tabaco de contrabando en territorio español. Por ello, la Comisión considera que las autoridades a ambos lados de la frontera deberían tomar medidas para hacer frente mejor a esta complicada tarea de control.

La CE formula tres recomendaciones a cada una de las partes. Por un lado, a España le recomienda “optimizar el espacio físico disponible en el lado español del puesto fronterizo para garantizar una mayor fluidez del tráfico”. En especial invita al Gobierno de Mariano Rajoy a revisar la organización del tráfico a la entrada y salida de España para aumentar el número de carriles de vehículos para viajeros o utilizar mejor las filas existentes.

La segunda recomendación a las autoridades nacionales habla de optimizar un modelo basado en los riesgos para “realizar controles más selectivos basados en un depurado análisis de riesgo, para reducir el gran número de controles fronterizos aleatorios”. La tercera indica que se desarrolle un intercambio de información con el Reino Unido sobre el contrabando de tabaco.

Del otro lado, al Reino Unido recomienda “desarrollar un modelo basado en los riesgos”. En particular, la Comisión cree que “Gibraltar debería garantizar controles no sistemáticos y basados en un análisis del riesgo sobre los viajeros y sus pertenencias a la salida de Gibraltar por el paso fronterizo de La Línea.

Como segunda recomendación al Gobierno de la Roca, el Ejecutivo comunitario sugiere “optimizar la legislación y las salvaguardias con objeto de contribuir a una lucha eficaz contra el contrabando de tabaco” y, además, “desarrollar el intercambio de información con España sobre el contrabando de tabaco.

De igual manera, la Comisión anima a las autoridades a reforzar el “diálogo constructivo” para obtener resultados en la lucha contra el contrabando y la delincuencia transfronteriza, así como mantener la fluidez del tráfico mediante la cooperación diaria entre las autoridades que trabajan en cada lado de la frontera.

La Comisión indicó que seguirá supervisando la situación en el puesto fronterizo y solicitó recibir en seis meses información de ambas autoridades sobre cómo se han tenido en consideración las recomendaciones. “La Comisión se reserva el derecho a reconsiderar su posición si la situación cambiara o evolucionara, así como a realizar otra visita al paso fronterizo si fuera oportuno en el futuro”, concluyó el escrito remitido a los medios de comunicación.

“El Gobierno está satisfecho por cuanto Bruselas ha señalado que no vulneramos ninguna norma comunitaria al establecer los controles en Gibraltar. Por tanto da la razón a España en la manera en que estaba procediendo”, señaló la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros. La vicepresidenta destacó otro “elemento muy importante” del informe publicado por el Ejecutivo comunitario, al pedir “a los Gobiernos de Madrid y Londres, es decir, a Reino Unido y a España que trabajen juntos en medidas contra el contrabando”.

“Impone a ambos estados porque las relaciones se dan entre estados que colaboremos y trabajemos para impedir lo que con esos controles se está buscando, que es luchar contra el contrabando y ponerle freno”, añadió.

El Ejecutivo que preside Rajoy se siente ahora “amparado” para seguir reclamando diálogo a su “aliado” británico al objeto de resolver problemas específicos que surgen con las autoridades de la colonia, sin que la solución que eventualmente se alcance afecte a las posiciones que ambos países mantienen inamovibles en la cuestión de fondo de la soberanía. Independientemente de que España seguirá exigiendo la vuelta a las conversaciones bilaterales con el Reino Unido sobre soberanía –a la que Londres se opone–, el Gobierno de Rajoy ven necesario plantear un nuevo mecanismo de diálogo que permita abordar problemas específicos con Gibraltar, como el que detonó todo el contencioso: los obstáculos del Peñón a que los pescadores de la Bahía de Algeciras faenen en las aguas que rodean la Roca o la manera de preservar el medio ambiente en zonas marítimas que se disputan Madrid y Londres.

El Ejecutivo del PP no tiene problema en que en esos encuentros para abordar problemas específicos –y en los que nunca se hablaría de soberanía– participe Gibraltar, siempre y cuando se permita entonces la participación de la Junta de Andalucía o de los representantes del Campo de Gibraltar con competencias sobre el tema que se vaya a tratar. A lo que se opone frontalmente el Gobierno es a regresar a un esquema como el del Foro Tripartito, que concedía a Gibraltar un estatus similar al de los países soberanos como España y Reino Unido.

Una voz discrepante en España fue ayer la de la alcaldesa de La Línea de la Concepción (Cádiz), Gemma Araujo (PSOE), quien manifestó que “respeta” pero “no comparte” el dictamen de la CE, máxime porque “repercute en los trabajadores, en el comercio y en la economía general de la ciudad”. “No lo puedo compartir porque antes no existían estos controles tan exhaustivos. Lo que hay ahora no es ni habitual ni normal, máxime con el alto número de tráfico y de personas que hay”, dijo Araujo, que hizo hincapié en que “no es de recibo que se tarde varias horas en lo que antes se hacía en pocos minutos”.

Es “triste” para la regidora socialista que este informe de la CE “no valore ni alcance a ver la repercusión que estos duros controles tiene en La Línea de la Concepción”, incidiendo en que afecta a trabajadores, comercio y economía local en general. A su juicio, “lo único positivo” que tiene este documento es la recomendación de diálogo para solventar los problemas.

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