El Congreso autoriza la prórroga por dos meses de la misión en Libia

  • El coste total de la intervención ascenderá a 43 millones y España aportará otro avión más a la misión.

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La misión militar española en Libia se prolongará otros dos meses y alcanzará un coste global de 43 millones de euros. La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha autorizado la solicitud que ha planteado la ministra de Defensa, Carme Chacón, y que incluye la posibilidad de participar también en la misión humanitaria que prepara la Unión Europea, aunque para ello todavía han de contar con el visto bueno de la ONU. La ministra ha aprovechado para pedir al PP que le traslade al ex presidente José María Aznar que "no es bueno para el país" criticar las decisiones del Parlamento español, en relación a las alusiones a Libia que Aznar ha realizado en los últimos días.

Que el Gobierno circunscribiera temporalmente a un mes la autorización inicial para la misión en Libia seguramente respondía a la infravaloración que Occidente hizo del mandatario libio Muamar Gadafi al comienzo del conflicto. Ahora el objetivo del operativo militar en Libia no es desalojar al dictador, una tarea que corresponde según la ministra de Defensa a la política y de la diplomacia, sino proteger a la población civil.

En este primer mes, España ha invertido 15 millones de euros en la misión, a lo que hay que añadir los gastos de la contribución española al conjunto de la operación, cuantificados en cuatro millones. La ampliación de la intervención tendría un coste mensual de siete millones, lo que, según los cálculos de Defensa, supondría un precio global de 43 millones de euros al cabo de los tres meses, siete millones menos que lo que hubiera costado sin las medidas de ahorro que ha venido aplicando el Estado Mayor.

Actualmente España participa en la operación Protector Unificado de la OTAN con cuatro aviones de combate F-18 y un avión de reabastecimiento en vuelo para la zona de exclusión aérea y una fragata, un submarino y avión de vigilancia marítima en el embargo naval de armas. En total, 302 efectivos. La autorización amplía dos meses más la participación en la zona de exclusión aérea y permitirá la posibilidad de que nuestros militares puedan participar también en la misión humanitaria que prepara la Unión Europea para facilitar la llegada de ayuda humanitaria y la evacuación de refugiados. Sin embargo, para poner esta misión europea en marcha aún hay que esperar a ver si la ONU está o no de acuerdo y para ello tendría que respetar el máximo autorizado de 500 militares.

Aunque el único grupo que ha mostrado su rechazo a la petición de la ministra ha sido IU, en el debate, todos los grupos se quejaron de la falta de información o análisis de la situación en Libia desde el punto de vista político. De hecho, el PP ha solicitado una comparecencia conjunta de las ministras de Exteriores y de Defensa para aclarar las dudas del Congreso. También se han sumado todos para destacar que desde el inicio del conflicto las cosas no han mejorado en la zona. Es más, todos los partidos presentes de la comisión alertaron que no sólo no se están cumpliendo los objetivos deseados, sino que la situación se está estancando.

La ministra ha aprovechado su intervención para replicar las alusiones a Libia, a Gadafi y al uso de armas españolas por parte del dirigente libio que ha realizado en los últimos días el presidente de honor del PP, José María Aznar. "Le tengo todo el respeto institucional, porque como expresidente lo merece, pero sí le pediría a su grupo que les traslade que hacer afirmaciones que pongan en tela de juicio la solvencia de España o que critiquen abiertamente decisiones que este Parlamento toma casi por unanimidad no es bueno para el país", ha reclamó al principal partido de la oposición, cuya portavoz no mencionó ni una palabra sobre las declaraciones Aznar poniendo en cuestión la operación contra Libia.

Armas 'made in Spain' en Libia

Durante el debate, salió a colación la utilización de bombas racimo por parte del régimen de Gadafi de la mano del diputado de CiU, Jordi Xuclà, cuya formación lleva pidiendo que se acabe con este tipo de armamento desde 1997. Tras apuntar que la ofensiva del dictador libio puede haber causado entre 6.000 y 10.000 muertos y reprochar a Chacón que no haya dado cifras concretas al respecto, Xuclà ha pedido a la ministra que aclarase cuándo se vendieron a Libia las armas que supuestamente está utilizando ahora Gadafi contra sus ciudadanos. En su respuesta, la ministra ha recalcado que la venta de este tipo de armamento era legal hasta que España decidió, a través de una iniciativa socialista, prohibir su exportación en 2008, "dos años antes de que fuera una obligación internacional".

Al "sarcasmo" y a la "paradoja" ha recurrido el diputado de IU, Gaspar Llamazares, para reprochar lo que supone que Gadafi esté usando las armas de procedencia española cuando al Gobierno tiene, por un lado, buques bloqueando el comercio de armas por mar, y no se "sonroje" por favorecerlo por tierra desde Egipto. Precisamente, IU ha sido el único grupo parlamentario que no ha apoyado la prórroga.

"Le vamos a decir que no porque se ha demostrado en la práctica que nosotros teníamos razón. Nosotros dijimos que la guerra en Libia, la exclusión aérea no garantizaba la seguridad de la sociedad civil y que no era el método para respaldar los vientos de democracia que se están viviendo en estos momentos en los países árabes o en el norte de África", ha manifestado Llamazares en una entrevista a Onda Cero. El diputado de IU ha matizado que "esa guerra, lejos de solucionarse, se ha estancado dificultando una solución política que es la única salida".

Apoyos con recelo

"Peor que hace un mes", así está la situación en Libia para el PP porque las "incertidumbres son mayores", no se ha podido frenar la "sangría" y se corre el riesgo de acabar "en tablas" y con una Libia "dividida". La portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, que recriminó a Chacón su "silencio" ante la prensa sobre la misión, expresó su preocupación por la "fragilidad de la cohesión entre los aliados" de la OTAN que participan en la misión, así como la existencia de una "duda superior" sobre quién lidera la misión.

Los recelos también se pusieron de manifiesto en las intervenciones del peneuvista José Ramón Beloki, quien admitió un "ingrediente considerable de incomodidad" aunque entienda que la intervención es el "menor de lo males". Desde UPyD, Rosa Díez ha exhoratado a la ministra a hablar con claridad asumiendo que en Libia hay "prácticamente una guerra civil" y que las operaciones deben continuar hasta que Gadafi deje el poder. Aunque no forma parte de la Comisión de Defensa, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, reiteró, a través de un comunicado, su rechazo a la misión, recordando que el propio Zapatero sostuvo ante el Congreso el objetivo "no era derrocar al régimen de Libia" y que ahora la OTAN quiere "ir más allá" e incluso se habla de echar Gadafi o de financiar y armar a los rebeldes.

La necesidad de que se pida una nueva autorización parlamentaria en el caso de la ONU apruebe una nueva resolución que afecte a la actuación española también fue puesta de relieve por todos los grupos, que avisaron de que el permiso a la prórroga no podía interpretarse como un "cheque en blanco" si la misión varía. Sin embargo, Chacón entiende que sería un nuevo cometido amparado en las resoluciones ya aprobadas y que no habría un cambio de misión. Se trataría, según ha detallado, de reforzar corredores humanitarios y evacuaciones pero dejando claro que la labor española sería más de escolta y, por supuesto, sin pisar tierra porque está prohibido en las resoluciones vigentes.

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