El siniestro del helicóptero Cougar en Afganistán, en el que murieron 17 soldados, cumplió ayer cinco años pendiente de que el tribunal militar que investiga el caso certifique si la causa que lo provocó fue un error del piloto, una avería o un ataque talibán.

El Juzgado Togado Militar examina desde septiembre de 2008 las circunstancias del suceso, la segunda catástrofe más grave sufrida por las Fuerzas Armadas tras el accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares en 2003 cuando regresaban de Afganistán.

El mismo juez castrense reabrió el caso tres meses después de cerrarlo, limitándose a sentenciar que fue un accidente fruto de una serie de factores "imposibles de determinar".

Su razonamiento era que la cola del aparato se precipitó contra el suelo por una maniobra brusca del piloto en condiciones meteorológicas y orográficas adversas que llevó a su vez al helicóptero que le seguía a hacer un aterrizaje forzoso.

Eduardo Guitard, padre de uno de los militares que iba en la aeronave siniestrada, recurrió con éxito el carpetazo de la investigación alegando la inconcreción de las pruebas y los resultados.

"Yo me inclino por pensar que fue un ataque talibán, no ya sólo al helicóptero que cayó, sino a los dos", asegura Guitard.

El padre del militar fallecido ha considerado necesario ahondar en el informe que llevó a José Bono, entonces ministro de Defensa, a descartar que se debiese a un fallo mecánico o un atentado.

Guitard asegura tener "plena confianza" en la "honradez" del juez, pese a que fue el mismo que sobreseyó el caso.

Peor opinión guarda de Bono, por haber hecho "todo lo contrario" a cómo actuó con el Yak-42 para conocer toda la verdad de aquel accidente, acaecido en la última etapa del PP en el Gobierno.

Según Guitard, para llegar al final sería preciso llamar a declarar a testigos afganos, analizar con detalle las conclusiones de los forenses y recuperar todos los restos de los dos aparatos, "no sólo los aportados" en su día para hacer el informe técnico.

Ve importante además saber por qué se ocultaron los ataques a tropas españolas en los días anteriores y posteriores al siniestro.

El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, conviene en que las contradicciones que hay en el atestado podrían hacerlo "nulo" y "tener que empezar la investigación de nuevo". "Después de cinco años, hay diligencias hechas cuya legalidad es más que discutible y otras pendientes de realizar. Así que no sabemos si tendrán que transcurrir otros cuantos años para poder saber qué pasó aquel 16 de agosto de 2005", señala Casado.

El portavoz de la AUME comparte una visión crítica por el papel que desempeñó Bono desde que sucedió el siniestro y por "no haber aplicado el mismo rasero que en otros casos". A su entender, "todas las hipótesis están abiertas" y "quedan muchos elementos que investigar" por respeto a los fallecidos y a sus familias. "Parecen que son de segunda clase, nadie se quiere acordar de ellos. Ni siquiera con motivo de esta fecha ha habido ningún homenaje", manifestó.

El portavoz de Defensa del PSOE, Jesús Cuadrado, ha subrayado que el caso del Cougar no guarda ninguna relación con el del Yak-42 en cuanto a la investigación, la identificación de cadáveres y el trato "humanísimo" que el Gobierno brindó a las familias.

"Si alguien hoy todavía quiere seguir comparándolos, se equivoca. Tiene poco recorrido. El PSOE estuvo donde tenía que estar en el Yak y estuvo donde tenía que estar en el Cougar", zanjó.

Cuadrado hizo hincapié en que "no hay ningún elemento" que cuestione el informe de los expertos, que fue "exhaustivo y transparente". "¿Qué pasó en los últimos cinco segundos antes del accidente? Nunca se podrá saber, pero no da pie para especular", manifestó con firmeza el portavoz socialista.