Tres asociaciones de guardias civiles denunciaron ayer la que consideran "anacrónica aplicación del Código Penal Militar" a estos agentes y recuerdan que "da lugar a castigos desproporcionados como condenas a cuatro meses de prisión a una persona por discutir con su jefe". En un comunicado conjunto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, UniónGC y la Asociación Española de Guardias Civiles mostraron su "indignación ante el injusto castigo que ha caído sobre Sergio, un joven guardia civil que el pasado 29 de enero ingresó en el penal militar de Alcalá Meco (Madrid) para cumplir cuatro meses de cárcel por una simple discusión de trabajo".

Estas asociaciones instan a los grupos parlamentarios a que eviten esta aplicación del Código Penal Militar y argumentan que "en pleno siglo XXI un trabajador honrado es privado de libertad y apartado de su familia por unos hechos que apenas constituirían una simple falta ante la Justicia ordinaria". Sin embargo, la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles "supone que sean juzgados por tribunales arcaicos, no independientes, ni imparciales, ni neutrales", agregan.

Advierten que "esta circunstancia tiene como consecuencia que los guardias civiles estén expuestos de manera permanente a la arbitrariedad de sus mandos y de los jueces militares, integrantes de los juzgados togados militares, auténticas reliquias de la etapa preconstitucional".

Para estas organizaciones resulta "inadmisible e indigno que en una sociedad democrática se condene a prisión a una persona por el simple hecho de tener un mal día en el trabajo y dirigirse de manera que el jefe considere poco adecuada, algo muy lejos de constituir un delito castigado con la cárcel en cualquier Estado de derecho".