La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Baltasar Garzón que archive la investigación abierta sobre el chivatazo que supuestamente alertó a ETA en mayo de 2006 sobre una operación policial contra su red de extorsión, ya que tres años después no se ha averiguado quién fue el responsable.

En su escrito, el Ministerio Público dice que "agotada la investigación, no siendo necesaria la práctica de nuevas diligencias y no concurriendo claros indicios incriminatorios que acrediten la participación de persona alguna en los hechos que se investigan, resulta procedente acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa".

En el procedimiento se investiga la filtración llevada a cabo por una persona que el 4 de mayo de 2006 advirtió al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, posteriormente detenido, de que estaba siendo objeto de vigilancia e investigación y que podía ser arrestado ese mismo día.

Las gestiones realizadas -intervenciones telefónicas, declaraciones de decenas de testigos e interrogatorio como imputados de varios mandos policiales, incluido el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo- no han arrojado resultados concluyentes, según el fiscal.

Éste añade que sólo el análisis de las llamadas telefónicas realizadas esos días permite construir una "hipótesis incriminatoria" que apunta al entonces Jefe Superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava como origen de la filtración, pero que ésta no es suficiente "para sustentar una tesis acusatoria".

El fiscal explica que esa hipótesis se apoya "en la concatenación de llamadas que, el día anterior y el mismo día de la filtración, se producen" entre la responsable de la Sección de Análisis de la Brigada de Información de San Sebastián, el Jefe Superior de Policía del País Vasco, el director general de la Policía y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

De todas ellas, la más importante es la que se produjo poco después de las once de la mañana del 4 de mayo, "de la que son interlocutores el Jefe Superior de Policía del País Vasco (llamante) y el inspector de Vitoria (llamado)".

Los investigadores relacionaron esa llamada con otra -grabada por la Policía- en la que Elosúa aseguraba que una persona le había advertido en su bar de que le seguían y concluyen que "es en esa llamada del Jefe Superior de Policía al inspector cuando éste le pasa el teléfono a Elosúa y el Jefe Superior comunica a este último la existencia de un dispositivo de seguimiento".

La Fiscalía dice, sin embargo, que no ha aparecido ningún "elemento adicional de prueba" que corrobore que el contenido de la conversación es el que afirman los investigadores. Así, señala que la intervención de las comunicaciones telefónicas no ha dado resultado, que los imputados niegan la secuencia de hechos y Elosúa "ha rechazado de forma constante y tajante que el inspector de Policía de Vitoria fuera la persona que le entregó el teléfono para que un tercero le hiciera la advertencia".

El fiscal agrega que los investigadores no han tenido en cuenta la afirmación de Elosúa de que la persona que le llamó "es la que controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos", lo que, añade, "descarta a todos los hasta ahora imputados y parece apuntar en otra dirección".

La Fiscalía critica que ese dato, que figuraba en el primer informe, "desaparece en informes sucesivos, quizá porque las personas que tuvieron acceso a dichos datos no son las finalmente señaladas por los investigadores, es decir, se trata de un indicio que no cuadra con la conclusión final".

Señala además que tanto el Jefe Superior como el inspector de Vitoria ofrecieron una "versión exculpatoria coherente" que explicaba la presencia de este último en Irún haciendo la cobertura de la entrevista que el primero mantenía con un confidente de ETA y que ha sido corroborada por dos testigos, el comisario jefe de la brigada de Francia y el comisario provincial de Álava.