La Fiscalía impugna Bildu por "ser el cauce de Batasuna para estar en el 22-M"

  • Tras la presentación de los recursos de la Fiscalía, que se suman a los formalizados ayer por la Abogacía General del Estado, los magistrados que integran la Sala del 61 del Supremo deberán decidir su admisión a trámite.

La Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) los recursos en los que impugna las 254 candidaturas de Bildu a las elecciones del 22 de mayo, así como 18 agrupaciones electorales, por considerar que es el "cauce diseñado y controlado por Batasuna" para estar presente en los comicios.

Como indicios más relevantes la Fiscalía aporta documentos que ya fueron apreciados por la Sala del 61 del TS cuando prohibió la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos, en los que se reflejaba la intención de formación ilegalizada de "sumar esfuerzos para avanzar en el proceso democrático", ha informado la Fiscalía General del Estado.

El recurso contra Bildu, que ha entregado esta tarde el Ministerio Público ante la Sala del 61, incluye como pruebas conversaciones telefónicas entre dirigentes de Batasuna acerca de la selección de candidatos "limpios" y "presiones a personas para que aceptaran ser candidatos" en las listas de esta coalición integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes.

Para demostrar que las candidaturas de la coalición han sido "instrumentalizadas" por Batasuna para presentarse a las próximas elecciones, la Fiscalía detalla también las "tensiones habidas con los dirigentes de EA sobre la confección de listas y, especialmente, el documento 'Herri Akordioa metodología básica'".

Ese escrito, según recuerda, establece los criterios de distribución de puestos en las listas electorales conforme a resultados obtenidos en anteriores comicios por la izquierda abertzale, así como las perspectivas de voto en éstas.

Igualmente, califica de "abrumador" el porcentaje de candidatos "supuestamente independientes" que superan la suma de los que aportan las listas de EA y Alternatiba.

Tras la presentación de los recursos de la Fiscalía, que se suman a los formalizados ayer por la Abogacía General del Estado, los 16 magistrados que integran la Sala del 61 del Supremo deberán reunirse ahora para estudiar su admisión a trámite, designar ponentes y dar traslado a las partes afectadas para que presenten sus alegaciones. Posteriormente, dispondrán hasta la medianoche del sábado para tomar una decisión.

La Sala del 61 está integrada, además de por el presidente del TS, Carlos Dívar, por los de cada Sala -Juan Antonio Xiol (Civil), Juan Saavedra (Penal), Ángel Calderón (Militar), Gonzalo Moliner (Social) y José Manuel Sieira (Contencioso-Administrativo). Además, por los magistrados más antiguos -Aurelio Desdentado, Xabier O'Callaghan, Ricardo Enríquez, Carlos Granados y José Luis Calvo- y por los más modernos -Alberto G. Jorge Barreiro, Carlos Lesmes, Rafael Gimeno-Bayón, Manuel Ramón Alarcón y Francisco Javier de Mendoza-.

Estos 16 magistrados son los mismos que decidieron sobre Sortu, salvo uno, Jesús Corbal, que esta vez no formará parte de la Sala Especial. Corbal sustituyó entonces al magistrado O'Callaghan (de la Sala de lo Civil) al encontrarse éste de baja, pero ya se ha reincorporado al Supremo y participará en la deliberación sobre Bildu.

La Sala del 61 acordó prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, pero por primera vez su decisión no fue unánime, y el auto contó con un voto particular discrepante firmado por siete magistrados -Juan Antonio Xiol Ríos, Gonzalo Moliner, José Manuel Sieira, José Luis Calvo, Alberto Jorge Barreiro, Manuel Ramón Alarcón y Rafael Gimeno-Bayón-.

A pesar de que el Supremo anuló el pasado 12 de abril el nombramiento de Gimeno-Bayón, previsiblemente este sí que formará parte de la Sala Especial y no será sustituido al no haberse dictado la sentencia al respecto. De los siete discrepantes, tres son presidentes de Sala: Xiol Ríos (de la Sala de lo Civil), Moliner (presidente de la Sala de lo Social) y José Manuel Sieira (de la Sala de lo Contencioso-Administrativo).

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