La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez que prohíba la manifestación convocada por un grupo de ciudadanos particulares para el sábado en San Sebastián con motivo de las fiestas del Aste Nagusia, al considerar que es una convocatoria "encubierta" para homenajear a ETA y su entorno.

Así lo sostiene el fiscal Jesús Alonso en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 1, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz pero al que sustituye el juez de guardia esta semana Fernando Andreu, en el que además de pedir la prohibición de la marcha reclama que se ordene a la Fuerzas de Seguridad que adopten las medidas necesarias para evitar su celebración.

Según el fiscal, la manifestación ha sido convocada por un grupo de personas que se definieron como "ciudadanos de San Sebastián" integrado, entre otros por cuatro personas que han sido candidatos en diversos procesos electorales por los partidos ilegalizados HB, EH, PCTV y ANV. Así, el fiscal cita a Iratxe Retolaza, Juan Mari Beldarrain, Gorka Goyatxe Pikabea -que ha realizado la comunicación oficial de la marcha- y José Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi, y añade que los otros dos convocantes son: Ignacio Egaña Sevilla, ex director de la revista Txalaparta, y Uani Gaztelumendi.

Alonso destaca que durante los últimos años las manifestaciones realizadas en la capital donostiarra con motivo del comienzo de sus fiestas patronales fueron convocadas por Batasuna hasta 2006 y, desde entonces, por un grupo de "ciudadanos particulares" en nombre de la izquierda abertzale, "en la que dirigentes de los partidos ilegalizados tenían un papel protagonista". "En la mayoría de los casos anteriores se ha tratado de manifestaciones encubiertas, donde tras el amparo de una convocatoria blanca se produce en realidad una auténtica manifestación de hechos ilícitos de apología y enaltecimiento de bandas armadas y terroristas y de sus miembros", subraya.

Junto a estos datos, el fiscal añade los tres informes realizados por la Ertzaintza, la Guardia civil y la Policía Nacional, que coinciden en señalar el carácter de "manifestación encubierta" porque, a su juicio, "bajo unos lemas no polémicos, lo que se pretende en realidad es la convocatoria de un número de personas con las que posteriormente homenajear a grupos terroristas". La solicitud inicial de prohibición de la marcha la realizó la semana pasada la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que entiende que, de celebrarse la manifestación, se estaría incurriendo en un delito de enaltecimiento del terrorismo.